El Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, advirtió sobre la existencia de un plan insurreccional en el país, con base en los llamados que se están haciendo por las páginas Web, que no son precisamente al disentimiento, sino a la confrontación violenta entre venezolanos; los mensajes que están transmitiendo en serie por los teléfonos móviles, las llamadas que hacen algunos ciudadanos por las emisoras de radio, y las manifestaciones violentas que salen en contra de la legalidad.

A estos elementos que considera probatorios, sumó algunos hechos ocurridos este jueves: durante el desarrollo de una protesta de parte de médicos, paramédicos y otros funcionarios se obstruyó el servicio médico en el Hospital Clínico Universitario. También hubo una manifestación en la puerta de un llenadero de combustible en el Zulia, que impidió por poco tiempo el suministro, y en  Mérida resultaron heridos de bala nueve policías en una manifestación estudiantil.

Resaltó que el artículo 68 de la Constitución indica que todos tienen derecho a manifestar, pero pacíficamente, sin armas y previo cumplimiento de requisitos de ley. El Estado deber proteger este derecho, pero también debe garantizar el de los ciudadanos que necesitan desarrollar su cotidianidad. “El derecho del manifestante hay que garantizarlo, pero también el derecho del que va en un taxi, en un autobús, el que va al trabajo, el que tiene sus propiedades donde se desarrolla la manifestación”.

Personas detenidas
Con respecto a los señalamientos sobre la detención de muchos menores, Germán Mundarain explicó que las personas que estuvieron detenidas en el estado Miranda y la Zona Metropolitana no son niños sino adolescentes que de conformidad con la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescentes (Lopna) y los instrumentos internacionales, son responsables y consecuentemente pueden ser llevados a los tribunales, por tanto el uso de la palabra menores es inadecuado.

Puntualizó que en este momento ninguno está detenido. Sobre ocho adolescentes recayó una medida sustitutiva dictada por un tribunal en la Zona Metropolitana, lo que indica que están en libertad con algunas restricciones. La misma medida recayó sobre 64 adultos de los cuales muy pocos son estudiantes, en su mayoría se trata de administradores comerciales, corredores de bolsa, abogados e ingenieros; “muy poco son adolescentes y muy pocos son estudiantes”. Explicó que las personas no fueron detenidas por manifestar, sino por los delitos flagrantes de obstrucción a las vías públicas, porte ilícito y uso de armas de fuego, destrucción de bienes públicos y de la propiedad privada.

“Sólo en el Área Metropolitana se dictaron tres medidas privativas de libertad que tienen que ver con el uso de armas de fuego, y en el estado Miranda, la única persona detenida, con medida privativa de libertad, es el General Lara Guzmán, relacionado con los hechos golpistas que ocurrieron en el año 2002. ¿Será este el hilo conductor entre Plaza Altamira y Plaza Brión?”.

Preocupación por lesionados
Manifestó preocupación por el número de personas lesionadas. “Muchos agentes policiales han sido lesionados por herida de bala, y jóvenes y adultos por perdigones. En este sentido, exigiremos sanciones para cualquier exceso policial y también para quienes están cometiendo delitos”.

“La fuerza pública puede utilizar los perdigones y gases lacrimógenos si se desarrollan manifestaciones violentas y en contradicción de la legalidad. La tranca de vías y autopistas, aun cuando se desarrollen pacíficamente, es un delito”, añadió.