La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que consta de 29 artículos, no contempla la legalización del espionaje, la persecución o el establecimiento de un Estado policial, como vienen argumentando los diversos medios, que desde su promulgación no han dejado de atacarla.

Así lo aclaró Menry Fernández Pereira, asesor del ministerio del poder popular para Relaciones Interiores y Justicia.

Explicó que la ley “va regular la organización, funcionamiento y competencia del sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia. La inteligencia no es otra cosa que el conjunto del procesamiento de las informaciones, relativas a la seguridad, defensa y desarrollo integral del país (…) cuando se maneja en el más alto nivel estratégico es utilizada para hacer predicciones, manejar escenarios políticos, sociales y económicos”.

Sobre la desaparición de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y la División de Inteligencia Militar (DIM), Menry Pereira sostuvo que son organismos que han perdido credibilidad, pues estaban concebidos bajo una óptica represiva y que actualmente carecen de actualidad.

“Si nosotros hubiésemos tenido organismos de seguridad de Estado competentes y acordes con estos tiempos políticos, el golpe de Estado de 2002 no se habría materializado”, puntualizó.