Una acción emprendida por autoridades del Aeropuerto Internacional de Maiquetía ante una irregularidad, con base en una normativa legal, es distorsionada por la derecha mediática para atribuirle de manera oportunista una valoración negativa, que deteriore las relaciones con España, y transferirle la responsabilidad a nuestro país con el propósito de generar una campaña internacional de descrédito.

El pasado 8 de octubre aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el vuelo 1333 de la aerolínea Santa Bárbara, proveniente de Madrid, España; en dicho vuelo arribaron cuatro españoles provenientes de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), quienes, como el resto de los pasajeros, tenían el propósito de ingresar a Venezuela. Para ser admitidos en suelo venezolano, al momento de la llegada era necesaria la presentación de varios documentos que en reciprocidad debe poseer todo turista español que quiera entrar a nuestro país.

Una carta de invitación, la reservación del hotel y el boleto de retorno son los requisitos que se solicitan en el área de migración de todos los aeropuertos del mundo, incluso, tales documentos los solicita el Reino de España a los extranjeros, como lo expresa el consulado español en el sitio www.consulado.gob.es, sin embargo, a diferencia del resto de los pasajeros, los ciudadanos tinerfeños, José Pérez, Marta San Juan, María Delia Rodríguez y José Pablo Pérez, no contaban con la documentación requerida para ingresar a Venezuela.

Ante esta situación los turistas fueron inadmitidos por no presentar los requisitos completos, y por tal motivo fueron regresados ese día en el mismo vuelo a Madrid, luego de brindarles asistencia legal y permitirles comunicarse con el consulado español para dar a conocer su situación.

Irregularidad inadmisible
La solicitud de estos documentos se realiza con base en la normativa y la ley que rige a estas actividades, las cuales se igualan a los procedimientos realizados en otros terminales aéreos, marco legal que hace inadmisible el incumplimiento de dicho protocolo, pero que se hace más inadmisible aún cuando se pretende propiciar el amparo de prácticas irregulares que buscan evadir la ley.

Como no poseían los requisitos correspondientes, estos ciudadanos tinerfeños propusieron “ofrecer” 100 euros a los funcionarios de migración para que los dejaran pasar sin necesidad de presentar los documentos. La autoridad del aeropuerto cumplió con su deber, al ser leal a la dignidad nacional, no dejarse sobornar y proceder con la actuación correcta.

La “denuncia”
Luego del regreso de los tinerfeños a su tierra natal, el sitio web, www.laopinion.es ,publicó la “denuncia” en la que ellos sostienen que autoridades venezolanas “impidieron entrar al país a cuatro residentes de Santa Cruz de Tenerife que llegaron con las maletas llenas de regalos, y la ilusión de reencontrarse, quizás por última vez, con sus familiares”.

Asimismo, el texto califica de “excusa” a la exigencia de los documentos mencionados, además que expresa, en palabras de José Pablo Pérez, que se les dio un trato vejatorio: “nos dijeron que no teníamos derecho a asistencia legal, ni médica, y también nos impidieron llamar al consulado español. Nos pisotearon nuestros derechos”.

El texto prosigue subrayando que esta acción fue acompañada de insultos y maltrato, como actos retaliativos por parte de los funcionarios venezolanos quienes lo hicieron “por los cuatro venezolanos que no pudieron entrar a Tenerife y fueron devueltos a su país”, expresó Pérez.

Atribución oportunista
Más adelante, el texto puntualiza que esta acción se relaciona con otros hechos colaterales, recientemente reseñados por los medios, como fue la nacionalización de la empresa Agroisleña y las acusaciones de entrenamiento de etarras en Venezuela.

“Quizás el anuncio de desmantelar la empresa Agroisleña, fundada en 1958 por un empresario canario, o las negociaciones iniciadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para intentar traer a los etarras que residen en la República Bolivariana, puede haber enfriado las relaciones entre ambos países. Unas fricciones que están pagando los tinerfeños que intentan pasar unos días en Venezuela, según apunta José Pablo Pérez, quien considera que no pudieron entrar en el país por razones políticas”, resalta la información publicada.

Esta relación es completamente oportunista, y se enmarca en una campaña cuya intención es transferirle al gobierno venezolano la responsabilidad de una acción, basándose en una atribución arbitraria y no en un error imputable únicamente a cuatro ciudadanos tinerfeños (el no poseer la documentación requerida).

De esta forma se le continúan achacando a Venezuela acciones que puedan desacreditar a su gobierno ante la opinión pública nacional e internacional, no desde un hecho particular, sino con relación a un contexto mediático en el que se demoniza al objetivo y se dejan de lado otras características. En este sentido, según la información de marras, la no admisión de cuatro ciudadanos españoles no se hace por incumplimiento de la normativa aeroportuaria, sino por unas “fricciones” entre los gobiernos de Venezuela y España, las cuales serían resultado de la política de nacionalización de empresas para la propiedad social y las acusaciones de acogimiento de etarras en territorio venezolano.

El torpe laboratorio
“Nos robaron los regalos y nos rompieron la ropa que llevábamos”, es una de las frases con las que finaliza la información publicada.

El derecho a réplica difundido por el Servicio Administrativo de Migración y Extranjería explica que los ciudadanos “fueron inadmitidos, no expulsados. En principio por intentar extorsionar a uno de nuestros funcionarios con 100 euros a cambio de que este los dejara pasar, sin poseer los requisitos correspondientes”, y agrega que en ningún momento las maletas pasaron por migración, según lo aclara el jefe encargado del departamento de Migración, comisario Edixon López.

Una vez más, se les ven las costuras al guión de la derecha mediática internacional, cuando intenta aplicar el recurso falsimedia de exageración y desfiguración de un acontecimiento para convertirlo en la muestra de una amenaza.

La denuncia verdadera es la que deja al descubierto las pretensiones de irrespeto a una normativa y la práctica de hechos de corrupción por parte de turistas junto a las torpes acciones del laboratorio de mentiras de la derecha internacional, con la réplica de sus locales.