El juez especial y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, dictó este martes, sobreseimiento definitivo a favor de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, implicados en la expulsión del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya.

El argumento empleado para el dictamen, hecho sentencia un día antes de la finalización del gobierno golpista de Roberto Micheleti, es que los señalados “habían actuado en defensa de la democracia hondureña y en protección de las vidas de las personas”.

Los beneficiados con la decisión son el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto (foto); Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuéllar Castillo, Abel Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García Padgett y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, quienes estaban acusados de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública al detener al presidente Manuel Zelaya Rosales y expulsarlo del país en lugar de ponerlo a disposición de la justicia.

En la exposición de motivaciones el documento legal hace ver que los imputados tenían información de que el país” corría un peligro grave en el orden institucional, así como de la pérdida de “numerosas vidas humanas”, motivado presuntamente por las acciones violentas de los seguidores de Manuel Zelaya, entre ellos personas de otros países.

Se Adujo que ante lo ocurrido en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (donde Zelaya ingresó con cientos de sus seguidores a rescatar las urnas que usarían en una consulta popular) no encontraron un lugar seguro donde detenerlo, por lo que optaron por llevarlo a la capital de Costa Rica.

Los abogados de la Fiscalía estuvieron en desacuerdo con el sobreseimiento definitivo a favor de la junta golpista y anunciaron que apelarán la decisión judicial. El ente acusador considera que los acusados no podían alegar estado de necesidad porque era su deber enfrentar el peligro.

En declaraciones a Radio Globo, el presidente del Comité de Derechos Humanos (CODEH), Andrés Pavón, quien incuso había recusado al magistrado Rivera, lamentó la resolución judicial y dijo que es un mal antecedente que lleva hacia un estadio de impunidad e ingobernabilidad.