La Fiscal General de de la República, Luisa Ortega Díaz, resaltó este jueves ante la Asamblea Nacional, donde presentó el anteproyecto de creación de la Ley Contra Delitos Mediáticos que "los medios de comunicación no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles, ni tampoco para coadyuvar para en su comisión. No pueden generar intranquilidad ni alteración a la paz social y al orden público; ni generar clima de inseguridad; por lo contrario, los medios deben cumplir una función educativa como lo establece la Constitución".

Indicó que el manejo de los medios de comunicación de determinadas noticias y la utilización de los mismos para la defensa de los intereses de un grupo en detrimento de los derechos de un colectivo, advierte la amenaza de nuevas formas de criminalidad capaces de alterar la salud mental, mermar los fundamentos de la seguridad o inducir la falta de credibilidad de las instituciones del Estado, mediante falsas informaciones.

Descartó Ortega Díaz que las propuestas planteadas pretendan vulnerar la libertad de expresión. Dijo que, por el contrario, "se está impulsando, promoviendo la libertad de expresión sana y cierta, que llegue a todos y no atente contra la tranquilidad de los ciudadanos".

Asimismo, resaltó este viernes 31 de julio que será muy interesante la manera participativa cómo esta ley se conforma, al tiempo que se creará precedente a escala internacional, porque la preocupación que se tiene en Venezuela también la tienen otros países del mundo, refiriendo que es un problema global.

Argumentó la fiscal que de acuerdo al artículo 20 de la Constitución todas las personas tienen derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad y a la libertad de expresión siempre y cuando no se vulnere el derecho de los demás ni atenten contra el Estado, la salud de las personas o la moral publica.

"Hoy estamos ante el auge de los medios de comunicación social y las conductas que algunas veces se despliegan a través de ellos pudieran ser constitutivas de delitos y como no hay un tipo penal se hace necesario constituirlo", apuntó Ortega.

"La Constitución no puede establecer normas punitivas. Las normas punitivas las establecen los códigos penales y las leyes de carácter sustantivo", apuntó, y afirmó que las leyes punitivas no pueden ser discrecionales, deben ser expresas, y deben señalar expresamente cual es la conducta, "pues lo contrario traería inseguridad jurídica y no es lo que se está planteando".

Señaló que las leyes penales establecen penas para las conductas que expresamente se señalen, no pueden prestarse a ambigüedad o interpretaciones. "Deben ser expresas y ese es el trabajo que tiene la Asamblea", enfatizó.

En el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto del San José de Costa Rica), se establece la propuesta que hiciera el Ministerio Público ante la Asamblea Nacional, el cual reza: “ No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

También el Pacto del San José expresa “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.