Con estos instrumentos legales, Venezuela poseerá 89% de las acciones de Lafarge y 85% de Holcim, lo que la convierte en la socia mayoritaria de estas nuevas empresas mixtas con las que se garantizará el abastecimiento de este producto.

Después de culminar el proceso inicial de negociación y ajustado plenamente a la ley, se alcanzó concretar una cifra en la que tanto maquinaria, como tecnología están garantizadas para seguir proveyendo a los venezolanos de cemento de calidad.

Ramón Carrizález, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, aseguró que está “totalmente garantizada la integridad de los trabajadores que conforman la nómina de las cementeras”.

“Aún no ha sido posible alcanzar un acuerdo con la empresa Cemex. Esta noche vence el plazo y por tal motivo el paso a seguir será la expropiación, como está establecido en la ley. La razón principal por la que no se logró la negociación es porque consideramos que la cifra que ellos piden no se ajusta al valor real”, afirmó Carrizález.

La suma que desembolsará el Estado en esta transacción será de 819 millones de dólares por la compra de Holcim y Lafarge, con los que se están “comprando empresas con excelente tecnología y plantas con mejor tratamiento ambiental que lo que ofrece Cemex”, informó el vicepresidente.

Desde el pasado 18 de junio de 2008, fueron declaradas de utilidad pública y de interés social las actividades que desarrollan las mencionadas empresas a través de un decreto de reordenamiento del sector cementero que emitió el presidente Hugo Chávez, por lo que la participación estatal no puede ser menor de 60%.

“Hemos concretado una negociación exitosa con dos de las tres empresas que eran objeto del decreto de nacionalización. Debemos resaltar que hemos tenido una negociación transparente con las empresas, en donde se ha finalizado un proceso de auditoría y de establecimiento de las capacidades de producción, de la tecnología utilizada y del justo valor por el porcentaje adquirido, por tanto, estamos muy satisfechos no sólo porque estas empresas (dos de las más importantes a nivel mundial en el sector cementero) hallan acordado no solamente el precio para traspasar las acciones, sino además mantener una participación en lo que será un esquema integrado de operación de las empresas cementeras para el país bajo control del Estado venezolano”, resaltó Ramírez.

Aseguró Ramírez que el hecho de que el Estado controle las operaciones de la industria cementera permitirá desarrollar una política planificada para expansión de un sector que es vital “para poder apuntalar todo nuestro desarrollo en el tema de la vivienda, infraestructura y así optimizar los costos”, destacó el titular del despacho energético.

Ramírez recordó que Cemex tiene deuda ambiental y fiscal con nuestro país y que “pronto se colocarán en orden”.

El ministro Ramírez recalcó que “las acciones de los minoritarios que se encuentran en bolsa están protegidos por lo que establece la Comisión Nacional de Valores”. Además recordó a los trabajadores que el Estado venezolano garantiza su tranquilidad y estabilidad laboral.