Los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, acusados de expulsar del país al mandatario constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fueron liberados este martes por el juez especial y presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hondureña de facto, Jorge Rivera, quien argumentó en su sentencia que los militares actuaron para "preservar la democracia".

Rivera dictó sobreseimiento definitivo a los generales "acusados de abuso de autoridad en perjuicio de la seguridad interior del Estado" y decidió otorgarles cartas de libertad a los seis oficiales, que se ausentaron en la audiencia donde se leyó su fallo que tuvo como argumento principal que el Ministerio Público (MP) no probó que hayan cometido delitos.

Los militares estaban acusados de sacar al presidente Zelaya de Honduras hacia Costa Rica durante el golpe de Estado del pasado 28 de junio, día en que se instaló el régimen del facto en el país centroamericano bajo el mando de Roberto Micheletti, quien fungía hasta entonces como presidente del Congreso Nacional.

El juez Rivera, quien fuera designado por sus colegas de la Corte Suprema para resolver la causa, argumentó que "antes y después de que se produjo la captura del señor Zelaya, los imputados recibieron información en el sentido de que el país corría un peligro grave, realmente e inminente no sólo en el orden institucional sino en cuanto a la pérdida de numerosas vidas humanas".

En su resolución también indica que los generales actuaron para "preservar la democracia de la República y evitar el derramamiento de sangre, entre los que pudo estar el propio señor Zelaya".

El requerimiento contra los seis jefes militares fue presentado por la Fiscalía ante la Corte Suprema el 6 de enero, lo que fue criticado por el aún mandatario constitucional al afirmar que era una estrategia para lograr la impunidad de los oficiales inculpados, entre los que se encuentra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez y el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes.

Los otros involucrados incluyen a los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett, de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, así como el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.

Los militares expulsaron a "Zelaya del país, ya que si se quedaba aquí había suficiente evidencia de que podría haber ocurrido un hecho sangriento", dijo el abogado de los generales, Juan Carlos Cantillano.

El fiscal del caso, Marcio Cabañas, anunció por su parte que el MP apelará la resolución, acción que debe realizar en tres días.

"Definitivamente que sí" se presentará el recurso de apelación, "vamos a trabajar en eso para presentarlo", dijo Cabañas en declaraciones a la prensa.

Un abogado del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado, Fredin Fúnez, comentó a periodistas que este proceso es "una farsa" para favorecer a los militares y agregó que "desde que se presentó el requerimiento fiscal" se sabía "que era un show".

Al respecto, el presidente electo en los comicios ilegales de Honduras el pasado 29 de noviembre, Porfirio Lobo, señaló a los medios locales, luego de conocerse el fallo que "la Corte Suprema de Justicia es un poder del Estado, yo respeto lo que emane de cualquiera de los poderes del Estado".

Lobo asumirá el poder del país centroamericano este miércoles, mismo día en que saldrá del país el presidente depuesto, Manuel Zelaya, hacia República Dominicana como huésped distinguido, luego que el ganador de las cuestionadas elecciones hondureñas, Porfirio Lobo, reciba la investidura y otorgue el salvoconducto que prometió en Santo Domingo.