(Tomado de Aporrea.org) Por iniciativa popular, como ya es del conocimiento público, fue introducida ante la Asamblea Nacional, a través de la Comisión del Poder Popular y de Medios de Comunicación, una propuesta de Ley de la Comunicación del Poder Popular, -sustentada en los artículos 57, 58 y 204 constitucionales- que en los próximos días entrará en agenda de la plenaria del Parlamento Nacional para su consideración y aprobación, en primera discusión. Y, a partir de ese momento, retornará a la valoración de la sociedad en su conjunto para que el pueblo legislador, en múltiples reuniones, a lo largo y ancho del país, haga las observaciones y aportes pertinentes de tal forma que para finales del presente período de sesiones de la Asamblea Nacional sea aprobada, en segunda discusión, y convertida, en consecuencia, en Ley de la República Bolivariana de Venezuela, al ser refrendada por el Ejecutivo Nacional y publicada en Gaceta Oficial.
Conscientes estamos los miles de comunicadores populares, propulsores de esta iniciativa, de la significación estratégica que este hecho legislativo reviste para la lucha que viene librando la nación y el pueblo venezolanos, por su liberación histórica del yugo imperialista, que tiene en lo comunicacional, en la presente coyuntura, una de sus manifestaciones yugulares y que, con el paso del tiempo, tiende a constituirse en el escenario principal en el que se irá desarrollando la confrontación por la construcción de una nueva hegemonía en la sociedad venezolana.
Un enfoque principista
Por ello, la contundente y explícita definición patriótica, antiimperialista y contrahegemónica que anima al Anteproyecto de Ley. Asumimos que en esta etapa de transición en la que estamos inmersos, en la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo caduco y lo lozano, entre una sociedad capitalista dependiente, neoliberal y espiritualmente decadente y una emergente sociedad socialista y humanista, la formación económica social venezolana es proclive a una serie de cambios que harán posible el surgimiento y afirmación de un nuevo país, libre y autónomo, siempre y cuando, claro está, las fuerzas patrióticas alcancen a producir los instrumentos idóneos, acordes con las exigencias políticas, económicas y culturales que permitan el desarrollo exitoso de la lucha planteada; siendo, precisamente, este el enfoque principista que orienta al presente instrumento que ha de ser sancionado por la soberana Asamblea Nacional.
Será una Ley que dote, sin subterfugios ni cortapisas, al pueblo venezolano, al Poder Popular, de la indicada capacidad de respuesta, para insertarse efectivamente en la guerra mediática que el imperialismo, principalmente, estadounidense le tiene declarada a la nación venezolana. La idea es promover, recrear y fortalecer el brazo comunicacional popular a los fines de responder y contener la implacable arremetida mediática imperialista, apuntalada, por lo demás, en las empresas comunicacionales privadas locales que hacen las veces de caja de resonancia de los planes desestabilizadores de los centros imperiales. Responder a la guerra mediática imperial y lacayuna con la guerra popular comunicacional.
Democratiza la comunicación
Por otra parte, esta Ley constituye un gigantesco paso de avance en el proceso de democratización de la comunicación en Venezuela. Durante la etapa cuartarrepublicana, como es harto conocido, la comunicación estuvo constreñida por una normativa legal, de por sí limitada y, naturalmente, favorecedora de los grupos económicos, políticos y culturales que representaban la elite social y que tenían copada, prácticamente, todas las posibilidades expresivas; ante una sociedad elitista la comunicación permitida también era elitista, de una sola vía y que respondía a un mensaje ajustado a los intereses de clases dominantes; las expresiones alternativas comunicacionales estaban circunscritas a espacios perfectamente delimitados sin mayores perspectivas de irradiación.
Con el Anteproyecto de Ley se abren y canalizan las amplias posibilidades comunicacionales que se han venido desarrollando con la Quinta República, con las que el pueblo ha asumido espontanea y protagónicamente la condición de sujeto comunicacional; ante una sociedad protagónica y participativa ha surgido una comunicación dialógica, protagónica y alternativa, en la que el pueblo comunicador asumiéndose como actor social no se limita a ser receptor de mensajes sino que se integra activamente al quehacer comunicacional siendo demostración palpable de ello la proliferación de Medios Alternativos y Comunitarios (MAC) por toda la geografía nacional. Con la Ley esta realidad se reconoce y se fortalece pues se amplía el campo de desarrollo de las emisoras radiales y televisivas al democratizarse el uso del espacio radioeléctrico, se establecen facilidades para el desarrollo de los medios impresos y se estimula la conversión de los movimientos sociales y organizaciones sociales en general en actores comunicacionales; apuntalando las bases del nuevo modelo comunicacional que se ha venido incubando en las entrañas de la sociedad venezolana, en el marco de la revolución bolivariana liderada por el Comandante Hugo Chávez.
Estado garantista de la comunicación popular
Otra arista fundamental que habría que relievar de este instrumento normativo es que se asume, de una vez por todas, la condición del Estado como garantista de la comunicación popular, alternativa y comunitaria, hecho por demás vital para el fortalecimiento del brazo comunicacional del pueblo venezolano; con la creación del Fondo de Financiamiento de los Medios de Comunicación del Poder Popular, adscrito a la Vicepresidencia de la República destinado para “cubrir gastos operativos, de inversión, formación, capacitación y producción de contenidos” de los MAC y con la expresa exhortación que se hace para que los distintos niveles del Estado(municipal, estadal y nacional) y las empresas y otros entes gubernamentales destinen un porcentaje de los recursos dispuestos para la promoción de sus planes y gestión, para ser invertidos en los medios de la comunicación popular, se establece un mecanismo preciso para que buena parte de los MAC salgan de la situación de postración y de marginamiento en que se encuentran y que minimiza, indiscutiblemente, la capacidad de acción.
Siendo que la propuesta de Ley contiene muchas otras bondades, no por ello, hay que dejar de resaltar que la idea es que cuando sea llevada a la consideración del pueblo legislador, previa a la segunda discusión en la Asamblea Nacional, se le incorporen nuevos elementos que contribuyan con su mejoramiento y superación. En el caso concreto del MoMAC, insistiremos en el planteamiento de la necesidad de la creación del Instituto de la Comunicación Popular, Alternativa y Comunitaria que en su condición de ente rector del sector asuma la trascendente tarea de canalizar e impulsar su desarrollo y expansión
Observaciones de la derecha
Como es de suponer la derecha tiene observaciones al Anteproyecto de Ley, y esto es así porque en sus laboratorios de análisis han determinado el carácter revolucionario de este instrumento legal que, en buena medida, entienden está concebido para hacerle contrapeso a los propósitos hegemonizantes que, como clases sociales que están siendo desplazadas del poder, continúan manteniendo para con la sociedad venezolana, dentro del criterio de que “la esperanza es lo último que se pierde”. Entre las críticas derechistas destacan: las del profesor Antonio Pascuali, al que le hace piquiña la definición antiimperialista y contrahegemónica que contiene la Ley (cómo ha cambiado este señor con el paso de los años); para la licenciada Enza Carbone, presidenta de la Cámara de Radiodifusión, las emisoras comunitarias deben seguir circunscritas a la cobertura actual, no más allá del alcance de una parroquia, que les señala el (desfasado) Reglamento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y propone la creación de una banda específica en la que entren todas las emisoras comunitarias; y la ONG Espacio Público( de las señaladas por la doctora Eva Golinger como receptora de ingentes recursos provenientes del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos) que, sencillamente, sostiene que el Estado venezolano no debe financiar a los MAC; a medida que se acentúe la discusión, ya saltarán al ruedo otros connotados derechistas como Bisbal, Cañizales y Lucien y, por supuesto, los diputados de la oposición con sus destempladas e interesadas opiniones clasistas.
En síntesis, una Ley revolucionaria
Con la aprobación de la Ley de la Comunicación del Poder Popular se reafirman varios aspectos fundamentales, en primer lugar, la condición de nuestro país como vanguardia en la lucha de los pueblos del mundo en contra del imperialismo, en este caso, en el ámbito comunicacional, en segundo lugar, se resalta el papel estratégico que le corresponde ocupar a la comunicación popular, alternativa y comunitaria en el esfuerzo por la construcción de una nueva hegemonía que vislumbre valores alternos a los que caracterizan a la decadente sociedad capitalista y exprese la materialización de una sociedad desalienada en la que el ser humano sea el centro de atención y en la que la dinámica social no esté regida por relaciones sociales mercantilistas y, en tercer término, la Ley ha de contribuir para que la comunicación popular se erija en un instrumento de primer orden en el esfuerzo de nuestro pueblo por forjar un vigoroso Poder Popular que sea garante de la lucha contra el burocratismo y la corrupción, de la defensa de la Patria venezolana y de la consolidación de la revolución bolivariana.
Desde el MoMAC nos afianzamos en la convicción de la necesidad de la importancia estratégica de esta Ley y en ese sentido tenemos puesto todo nuestro empeño y, al mismo tiempo, tenemos claro la importancia de impulsar, fortalecer y desarrollar un vigoroso movimiento social de los comunicadores populares del país, que empinándose por encima de las pequeñas o grandes diferencias que nos separan podamos encontrarnos, en base a un programa de lucha común, en el que la defensa y posterior concreción de esta Ley ha de jugar un hito esencial. Y de esta forma podamos ir, a su vez, al encuentro con el conjunto de los movimientos sociales y fuerzas políticas patrióticas del país, haciendo realidad el alumbramiento y fortalecimiento del Gran Polo Patriótico
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