Palacio de Miraflores, Caracas. – La empresa mercenaria norteamericana, SilverCorp Usa, aseguró su impunidad al establecer como jurisdicción del contrato criminal al estado de La Florida de los Estados Unidos de Norteamérica.
Así lo aseguró la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, al realizar un análisis del derecho internacional en relación al contrato criminal suscrito por el diputado Guaidó y mercenarios norteamericanos, durante su disertación en el Programa Especial Mesa de Discusión que se realizó este jueves desde Miraflores.
“Pretendían instaurar en Venezuela una guerra mercenaria, a todo el país, no solamente a los objetivos que fueron seleccionados en este documento, que pretendía la instauración de una guerra tercerizada en Venezuela con claras conexiones con el gobierno de Estados Unidos”, enfatizó Rodríguez, en torno a las consideraciones jurídicas y políticas del acuerdo firmado entre Guaidó y Silvercorp.
Desde el punto de vista del derecho internacional, lo convenido violenta la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza y la coacción sobre Estados soberanos.
En ese sentido, el documento transgrede la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios aprobada por la ONU en 1989.
Al respecto, la alta funcionaria venezolana explicó que en su artículo primero la Convención establece que se entenderá por “mercenario toda persona que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto armado”.
Mientras que el segundo artículo versa que se entenderá también por “mercenario a toda persona en cualquier otra situación, o como lo define el literal A, que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para participar en un acto concertado de violencia con el propósito de: i) Derrocar a un gobierno o socavar de alguna otra manera el orden constitucional de un Estado, o de, ii) Socavar la integridad territorial de un Estado”, citó.
De acuerdo con el basamento legal anteriormente expuesto, el propósito del contrato suscrito por Guaidó y Silvercorp pretendía socavar el orden constitucional del Estado venezolano, intentando suprimir la integridad territorial.
“Este adefesio jurídico sin duda configura un acto de agresión contra el Estado constitucional de Venezuela, nos corresponde ahora como Estado defendernos en las instancias internacionales, ante la Corte Penal de Justicia, ante el Consejo de Seguridad e iniciar un proceso de acciones diplomáticas y judiciales a nivel internacional en contra de los autores de esta agresión pretendida contra nuestro país” sentenció la vicepresidenta Rodríguez.
Prensa Presidencial/ Andrelys Carrasquel
