Como parte de la cuarentena obligatoria que rige en Perú por el nuevo Coronavirus, el gobierno del presidente no electo Martín Vizcarra eximió de responsabilidad penal a policías y militares que salgan a patrullar las calles.
La medida, aprobada por una comisión especial del Congreso y publicada el viernes en el Boletín Oficial, ya fue rechazada por organismos de Derechos Humanos, que la consideran inconstitucional, reseñó Russia Today (RT).
En concreto, la ley otorga “protección legal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú” (PNP) que, “en ejercicio regular de su función constitucional, y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”.
La normativa también prohíbe la detención preliminar judicial y la prisión preventiva del uniformado que afronte un proceso legal. Además, le brindará servicio de asesoría y defensa legal gratuita.
“Piénsenlo dos veces”, dijo el presidente Vizcarra cuando anunció multas y cárcel para quienes incumplieran la cuarentena obligatoria por el Covid-19.
La reacción de los organismos de DDHH
Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la medida. Se limitó a recordar que el uso de la fuerza debe ser “excepcional y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, con el objetivo de “reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse”.
Contra esta ley reaccionó también la directora de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro: “Cualquier mensaje que pueda ser interpretado como carta blanca al uso de la fuerza y la impunidad, sería de suma gravedad. Alentamos el cumplimiento de las normas para evitar la propagación del covid-19, pero siempre garantizando el respeto y la protección de los derechos humanos”, señaló la titular del organismo en el país.
Por su parte, el abogado José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó que la ley de ‘Protección policial’ (31012) que aprobó el Congreso de Perú es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y “podría incentivar” abusos policiales.
“Ojalá los tribunales la declaren inconstitucional”, manifestó simplemente desde su cuenta de Twitter.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), indicaron que la normativa es inconstitucional, y que además fue “aprobada por un Congreso disuelto”, sin debate, dada la situación política que atraviesa el Parlamento desde que fue cerrado por el actual presidente en funciones.
Rechazan que la ley derogue el principio de proporcionalidad que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, establecido en el Código Penal. Por todo ello, hacen “un llamado a las y los jueces y al Poder Judicial para no aplicar esta norma”, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie al respecto.
Desde que se puso en práctica la cuarentena, más de 26.000 personas han sido detenidas por presuntamente violar la restricción de circulación, que fue extendida por el Ejecutivo hasta el 12 de abril.
Prensa Digital MIppCI / RT / VTV / Foto Redes Sociales
