Palacio de Miraflores, Caracas.- Cuando el “gobierno de transición” no materializó la reincorporación de Venezuela al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR), el golpista Juan Guaidó rescató una iniciativa que ya había planteado el autodenominado Grupo de Lima en la Organización de Estados Americanos (OEA): la Responsabilidad de Proteger (R2P), principio que contempla el uso de la fuerza y la “intervención humanitaria”.
Aprobado en la Cumbre Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrada en 2005, suscribe “la aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la responsabilidad de proteger a las población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración ética y los crímenes de lesa humanidad”, refiere la declaración final del 16 de septiembre.
Esta doctrina que admite la adopción de “medidas decisivas” para impedir crímenes de lesa humanidad, se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones, la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo, agrega el artículo «La responsabilidad de proteger».
El R2P emplea mecanismos de mediación, advertencia temprana, sanciones económicas y medidas militares para “restablecer la paz y la seguridad internacional”, esta última pasa por la autorización del Consejo de Seguridad en correspondencia con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
“La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva, por conducto del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén haciendo manifiestamente”, reza el documento de la Cumbre Mundial de la ONU de 2005.
De acuerdo con Guaidó, “la situación de Venezuela no está en fase preventiva”, dado que “hemos llegado al final de la escalada de los pilares de la R2P sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos”.
“Debo pedirles alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva de Venezuela y proteger a la población civil desarmada ante la comisión de crímenes de lesa humanidad”, pidió a diplomáticos de gobiernos plegados a la falsa tesis de la “presidencia encargada”.
En conclusión: un llamado a la intervención armada. Al respecto, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, explicó que el R2P “es un invento” que no existe “como norma jurídica”, siendo más bien “una doctrina de destrucción”.
“Donde se ha aplicado, los pueblos quedan cien veces peor que antes”, subrayó en alusión al caso de Libia en marzo de 2011, cuando el Consejo de Seguridad consintió una operación militar contra el gobierno de Muamar Gadafi, que se convirtió en una invasión controlada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), bajo el auspicio de la administración de Estados Unidos.
Caso Libia, modelo de invasión para Venezuela
La decisión está contenida en la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad, donde se autorizaba “tomar todas las medidas necesarias” para la protección de civiles y áreas pobladas “bajo amenaza de ataque” y establecer una zona de exclusión aérea en Libia. Esta medida fue apoyada por Bosnia y Herzegovina, Colombia, Gabón, Líbano, Nigeria, Portugal, Sudáfrica y los miembros permanentes Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Alemania, así como China y Rusia (ambos con poder de veto) se abstuvieron.
Gadafi señaló que la Resolución 1973, antecedida por el embargo de armas, congelación de activos financieros y restricción de la libertad de movimientos, constituía un acto de “colonialismo flagrante” que “no tiene justificación alguna”, reseñó el diario El Mundo.
Esta afirmación fue respaldada por el entonces primer ministro de Rusia, Vladímir Putin, mientras que el presidente de la República Popular China, Hu Jintao, recalcó que “si la acción militar conlleva un desastre para la población y causa una crisis humanitaria, entonces irá en contra del propósito de la Resolución de la ONU”.
Era la primera vez que se aplicaba “una intervención militar con fines de protección humana”, recoge el artículo La responsabilidad de proteger, publicado en el portal digital El Orden Mundial. Esta acción se tradujo en el derrocamiento del Gobierno, la derrota de los seguidores de Gadafi y el asesinato del líder africano, así como la entrega del control de Libia a los rebeldes del Consejo Nacional de Transición (CNT).
Actualmente, Libia está dividida en dos gobiernos rivales: uno asentado en Trípoli y otro en Tobruk, cuyas administraciones cuentan con diferentes respaldos internacionales. Asimismo, existe una disputa por el control del petróleo, protagonizada por organismos de seguridad, bancos centrales y empresas que compiten entre sí por el manejo de la principal fuente de ingresos de la nación norafricana.
Esta maniobra militar se desarrolló ante los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las manifestaciones antigubernamentales, alentadas por Occidente. No obstante, analistas internacionales sostienen que su objetivo “no era establecer la democracia sino tomar posesión de sus reservas de petróleo privatizar la industria petrolera, transfiriendo el control y propiedad de su riqueza petrolera a manos extranjeras”, puntualiza Telesur.
Precisamente, los argumentos de “crímenes de lesa humanidad” y la presunta relación del Gobierno Nacional con “el narcotráfico y el terrorismo” son la base de la invocación del R2P, solicitado por el autoproclamado Juan Guaidó el 23 de septiembre en un mensaje pregrabado que fue transmitido vía Zoom, mientras se desarrollaba la 75° Asamblea General de la ONU.
“Nicolás Maduro ha hecho uso ilegítimo de la fuerza para usurpar la Presidencia, propicia actividades ilegales y viola sistemáticamente los derechos humanos. Es un criminal y debemos tomar acción”, dijo Guaidó, quien además aseguró que Maduro “se encuentra usurpando el derecho de palabra de Venezuela”, olvidando que este es la única autoridad reconocida por la Secretaría General de la ONU.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, destacó que el R2P responde a una instrucción girada desde la Casa Blanca para “justificar una agresión militar contra Venezuela”.
“(Donald) Trump ordena a su agente en Venezuela que pida la invasión militar usando una propuesta que no tiene valor legal de ningún tipo y solo ha servido históricamente para justificar la destrucción de naciones enteras”, reiteró en su cuenta de la red social Twitter, @SMoncada_VEN.
Informe de DDHH, soporte de la agresión multiforme
El R2P reposa sobre el informe de la Misión de Determinación de Hechos, promovido por el autodenominado Grupo de Lima y presentado a mediados de septiembre, que establece responsabilidades directas sobre más de 45 funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos Nicolás Maduro, por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad entre 2014 y 2019.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y altos funcionarios del gobierno”, indicó la presidenta de la Misión de Determinación de Hechos, Marta Valiñas, citada por el diario El País.
Las “graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen ejecuciones arbitrarias y uso sistemático de la tortura” son competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), razón por la cual el reporte “puede ser usado para contribuir en el proceso que se sigue ante esa instancia” contra el Gobierno Bolivariano, consideró el integrante de la Misión, Francisco Cox.
En febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre los sucesos ocurridos en Venezuela en 2017. En septiembre, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron una investigación contra funcionarios venezolanos a partir de una “instrucción política de Washington”, aseveró el canciller de la República, Jorge Arreaza.
Esta receta también se aplicó en Libia. En marzo de 2011, la CPI pidió investigar a Gadafi por crímenes de lesa humanidad, girando en mayo una orden de arresto en su contra.
De omisiones e inconsistencias
La Misión de Determinación de Hechos “realizó su informe desde Panamá, sin contacto directo con la realidad venezolana” y privilegió información recabada a través de redes sociales y medios digitales, revela el documento La verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio, elaborado por el Ministerio Público, la Cancillería de la República y la Defensoría del Pueblo.
“El informe está constituido a partir de fuentes que, en un 85,42% son secundarias, con apenas un 14,58% de referencias a testimonios de víctimas, testigos y familiares de las víctimas”, expone.
La compilación de la Misión de Determinación de Hechos excluyó los llamados a efectivos policiales y militares de actuar apegados a la ley, mientras que falsamente señaló que el presidente Nicolás Maduro “no adoptó medidas para prevenir o sancionar” violaciones de derechos humanos cometidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), aun cuando en febrero de 2014 destituyó a su entonces director, Manuel Bernal, luego de que “funcionarios adscritos a ese cuerpo dieran muerte a un manifestante el 12 de febrero de ese año”.
De La verdad de Venezuela contra la infamia, se desprende que “el informe cita de manera parcializada diversas declaraciones del Presidente Nicolás Maduro, sacándolas de contexto y suprimiendo elementos que echan por tierra la tesis que pretenden justificar”.
También omitió los avances en materia de cooperación y asistencia técnica entre Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refrendados en una Carta de Entendimiento suscrita el 20 de septiembre de 2019.
“Se trata de un pseudo informe que se encuentra completamente plagado de mentiras y falsos positivos, que de manera atrevida pretenden sumarse a la campaña internacional con la cual han pretendido desconocer al legítimo Gobierno venezolano y sus instituciones, buscando promover por medios violentos y no constitucionales un cambio de régimen político en el país”, sostiene el documento entregado al secretario general de la ONU, António Guterres.
Este documento es “un refrito del informe de (Luis) Almagro”, aseguró el canciller de la República, Jorge Arreaza. En tanto, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, dedujo que sería la excusa de la OEA para reactivar el TIAR “porque tienen que proteger al pueblo venezolano”.
¿Trasfondo político?
La creación de la Misión de Determinación de Hechos respondió a la Resolución 42/25, impulsada por el autodenominado Grupo de Lima y aprobada el 27 de septiembre de 2019 por 19 de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Otros 21 se abstuvieron y siete votaron en contra.
“Cabe destacar que los 19 países que aprobaron esta Resolución representan el 40% del Consejo de Derechos Humanos, es decir ni siquiera la mitad de los Estados miembros. No obstante, resulta más revelador el hecho que de los 19 países que votaron a favor, absolutamente todos desconocen al gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro”, refiere el texto La verdad de Venezuela contra la infamia.
Con objetivos políticos, el informe de la Misión de Determinación de Hechos constituye “un ataque multiforme” en la maniobra de golpe de Estado continuado contra Venezuela, agregó el canciller de la República, Jorge Arreaza.
Esta operación “tendenciosa y sesgada” supuso un costo superior a los cinco millones de dólares para la ONU, siendo su propósito “perturbar o socavar los avances y el buen relacionamiento que existe en la actualidad entre la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y el Estado venezolano”, apunta el documento.
Por otro lado, los integrantes de la Misión de Determinación de Hechos fueron designados de “manera unilateral y discrecional a través de métodos nada transparentes y sin consulta con los Estaos miembros del Consejo de Derechos Humanos”, además Marta Valiñas, Francisco Cox y Paul Seils están vinculados con administraciones que respaldan la estrategia de “cambio de régimen” que se desarrolla en la nación.
Venezuela integra el Consejo de Derechos Humanos desde octubre de 2019, cuando resultó electa con 105 votos del pleno de la Asamblea General a pesar de la agresiva campaña emprendida por EE.UU. y sus aliados.
En la 75° Asamblea General de la ONU, el Presidente Nicolás Maduro revalidó su compromiso de promover el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la defensa de los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no politización de su implementación.
Y aunque existan países que no reconozcan la autoridad de Maduro, conferida por 6.248.864 electores en los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, “tienen que aceptar las normas de Naciones Unidas y que el único Gobierno legítimo en la República Bolivariana de Venezuela es el del Presidente Nicolás Maduro”, puntualizó Moncada.
Prensa Presidencial / Karelis González
