Palacio de Miraflores, Caracas.- Operaciones encubiertas del hegemon norteamericano regidas por compañías de seguridad privadas, organizaciones criminales internacionales, mercenarios, ejércitos privados, narcotráfico y saqueo de riquezas, suponen el nuevo orden internacional para los guiones de la tercerización de la guerra.
Este modelo de incursión armada ya aplicado con éxito en otros continentes para derrocar gobiernos legítimos, sufrió una derrota el pasado 3 de mayo en Venezuela gracias a la unión cívico-militar-policial y así la “Operación Gedeón”, fracasó.
La operación de carácter paramilitar y extremista, se basó en el consentimiento y participación de la Casa Blanca, a través de un contrato de entrega de la nación a fuerzas extranjeras, y firmado entre la empresa de seguridad Silvercorp y el diputado del partido de ultraderecha Voluntad Popular, Juan Guaidó.
En esta larga escalada de agresiones que sufre Venezuela, en los últimos 7 años, con mayor intensidad, cabe preguntarse si este es el nuevo desafío al que debe enfrentarse el mundo actual frente a los intereses imperiales que ignoran la autodeterminación de los pueblos.
En este nuevo contexto, se reacomoda un moderno elemento en el que se muestra a la “seguridad” como otro motivo de negocio en medio de la globalización y la iniciación de mercados emergentes, dejando en jaque a la soberanía mediante golpes de Estados con mascara de ayuda humanitaria.
Es bien sabido ya en el mundo los ataques que ha perpetrado Estados Unidos a través de una guerra multiforme contra la Revolución Bolivariana con el fin de salir del sistema electo por millones de venezolanos en votaciones libres y soberanas. Bloqueos financieros y comerciales, ataques al Sistema Eléctrico Nacional, numerosas e ilegales sanciones mediante medidas coercitivas y unilaterales han afectado al pueblo todo, cercenando la posibilidad de gestionar la cobertura de las necesidades básicas del ser humano en el acceso a la alimentación, salud y servicios principalmente.
Para el imperio norteamericano no ha sido suficiente el asedio contra nuestra nación, sino que cada vez implementan nuevos métodos de guerra con la creación de falsos positivos, incursión mercenaria y ahora con la alianza, ya demostrada con testimonios de sus protagonistas, de la Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés: Drug Enforcement Administration, DEA.
Con lo expuesto se ha buscado obtener la justificación que dé paso a una intervención militar extrajera, en principio desde países fronterizos como Colombia y Brasil, con gobiernos subordinados a las pretensiones de la actual administración estadounidense.
Un contrato mercenario
En el mes de octubre de 2019, el diputado Guaidó y la empresa de seguridad SilverCorp USA, compañía de “seguridad” estadounidense dirigida por Jordan Goudreau, suscribieron un contrato tal como lo anunciamos al comienzo de este especial. Su objetivo era realizar una incursión armada en Venezuela para hacer un violento “cambio de régimen” siguiendo a cabalidad los manuales militares de EE.UU.
Una reciente falsa acusación de “narcoterrorismo” contra el presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto a líderes militares y altos funcionarios del Gobierno, y el ofrecimiento de una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, el pasado 26 de marzo de 2020, activó la tercerización de un nuevo intento de golpe de Estado.
Con la inculpación de Washington, el Departamento de Estado y el rol de Mike Pompeo, transfiguró el secuestro y derrocamiento del jefe de Estado venezolano como una actuación “legal” al adjudicársela a la DEA.
El hilo cronológico nos lleva al pasado 3 de mayo, cuando a las 3 de la madrugada efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Unidad de Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES PNB), frustraron la incursión de grupos armados provenientes desde Colombia con firmes intensiones de invadir para tomar el control político e institucional de la nación.
Tercerización o método de guerra moderna
Desde la Guerra fría, la industria de la tercerización (outsourcing) ha calado vertiginosamente en la Fuerzas Armadas de Norteamérica, con la justificación de la racionalización presupuestaria en materia de defensa, donde la alianza entre el Estado e industria privada se distribuyen tanto el riesgo, como los importes financieros, todo ello conforme a las políticas liberales de privatización, aplicando “la nueva gestión del Estado”.
Con la participación de mercenarios -soldado o persona con experiencia militar que lucha o participa en un conflicto bélico y lo hace para obtener recursos económicos o personales. Por lo general no tiene ideología, ni consideraciones patriotas o intencionalidad política o religiosa por la causa de su lucha- las actividades de esta industria de ejércitos privados, como anteriormente señalamos, plantean recelos y controversias al estar ligados a casos de gran repercusión internacional. Es decir, se mueven por dinero y su fin es matar y llevarse el botín.
Sus conductas han quedado en entredicho e inclusive denigrado su reputación por la falta de responsabilidad legal en torno a los delitos en los puedan incurrir, quebrantando fundamentos del Estado de Derecho, donde solo los gobiernos legítimamente constituidos son los que tienen la facultad para ejercer el control y uso de la fuerza.
Con este guión, la privatización de la seguridad conlleva a la reducción de las fuerzas en el control tradicional de la violencia, limitando la competencia de los Estados, lo que se traduce en una transgresión –alevosa- del Derecho Internacional Público y la autodeterminación de los pueblos.
Sin embargo, cabe resaltar que este – la privatización de la guerra – no es un fenómeno nuevo, desde que existieron las confrontaciones bélicas también lo hicieron los mercenarios, tratándose de soldados profesionales que combatían por lucro y no por lealtad a una bandera o gobierno.
Al visualizar antecedentes históricos luego de que apareciera la guerra fría potencias colonialistas recurrieron el uso de mercenarios para la aplicación de ciertas estrategias intervencionistas que, para la opinión pública no era bien vista, dificultando la activación de ejércitos nacionales en conflictos armados.
Tras la Segunda Guerra Mundial, se abrió la compuerta para la aniquilación global, mediante confrontaciones que fueron denominados como “de baja intensidad”.
Esta ha sido una estrategia propuesta como guerra “domestica” para dar paso a una nueva política exterior intervencionista con el fin de eliminar movimientos sociales emergentes o Revolucionarios con el uso de recursos militares y presiones económicas, sociales, políticas y psicológicas a través de coacciones diplomáticas, operaciones psicosociales, inclusive el terrorismo y la insurgencia con objetivos selectivos.
A las guerras modernas se les conoce también como, guerra asimétrica, guerra biológica, guerra química, guerra electrónica, guerra informática, guerra psicológica, guerra de la información, guerra naval, guerra nuclear, guerra de guerrillas, por mencionar algunas de las tantas estrategias de dominación y colonialismo que en el mundo de hoy son empleadas.
Acciones bélicas como forma de hacer política
La situación que Venezuela está enfrentando se asocia a estas definiciones, y la coloca al frente de lo que hoy se conoce como la tercerización de la guerra o guerra moderna, cuyo fin es obtener el control total a través de la dominación en el tejido social para finalmente acabar con el enemigo con acciones bélicas.
Al hacer una analogía entre lo que hasta ahora se conoce como tercerización y la reciente incursión armada en el país, donde además se pretendía la entrada de tropas norteamericanas a territorio venezolano, todo apunta a que esta última e ilegítima acción establecería el escenario perfecto para la intervención gringa.
En este hilo, es importante recordar la denuncia que hiciera el jefe de Estado venezolano, Nicola Maduro, al manifestar que estas acciones belicistas se tratan de la privatización de la guerra, planificada y coordinada entre la coalición extremista de la oposición, representada por Guaidó, carteles de la Alta Guajira colombiana y la actual administración estadounidense.
“El presidente Donald Trump es el jefe de esta incursión (…) Privatizaron esta acción para tratar, si salía bien, una escalada de intervención y, si salía mal como salió, lavarse las manos como Pilatos y dejar esto en manos de la nada y poder mentir”, denunció Maduro el pasado 6 de mayo al conocer la confesión voluntaria de Luke Denman, mercenario estadounidense capturado en la población costera del estado Aragua, Chuao.
Combate jurídico sobre acuerdo Guaidó-Silvercorp-USA
Las conexiones del triángulo criminal y terrorista, conformado por el gobierno de los EE.UU, la ultraderecha venezolana y el narcotráfico, son sustentadas no sólo por las confesiones de los detenidos en la incursión terrorista, sino que además existe un documento en el que se le da soporte al pacto, publicitado como “contrato”, de invasión de mercenarios para el de “cambio de régimen”.
En este sentido la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Dra. Delcy Rodríguez, aseveró en la mesa de discusión para analizar el acuerdo escrito, que “por ningunas razones puede llamarse contrato jurídico, porque pretendía generar una guerra mercenaria en el país, y también establecía la anexión que promovía Juan Guaidó a la jurisdicción de EEUU, específicamente al estado de la Florida”.
Por su parte, el reconocido abogado e intelectual venezolano, Luis Britto García aseguró en esa oportunidad que este convenio es un documento ilegal de principio a fin, al tratarse de un contrato delictivo.
Otro de los análisis realizados por el ilustre abogado es que no puede ser objetada la implicación de los EE.UU en nuevo formato de guerra, al estar establecido que el pago en la moneda gringa no podía ser hecho por los firmantes, sino a través de una autorización del Departamento del Tesoro de la nación norteamericana.
Ante este escenario cabe preguntarse si este instrumento escrito también forma parte de las doctrinas intervencionistas establecidas en los manuales militares de EE.UU para “en nombre de la democracia” involucrarse en los asuntos internos de Venezuela; o si el mismo tiene validez jurídica, al tratarse de un trato que encierra actuaciones que van en contra a lo regido en ordenamientos jurídicos vigentes de la República.
Muchos análisis han surgido a raíz de la publicación del documento, desde puntos vistas del derecho internacional, civil, penal y público, apuntando a que la guerra jurídica actualmente cuenta con un amplio escenario a propósito de la fortaleza que tiene el derecho internacional, sobre todo en relación a los derechos humanos.
Al respeto la Vicepresidenta expuso que el “adefesio jurídico” configura no solo un acto de violación a los Derechos Humanos de los venezolanos, sino que además es un hecho de total agresión internacional contra el país. Por lo que le corresponde al Gobierno tomar acciones de defensa ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Para ello mostró resoluciones de las Naciones Unidas (ONU) que en 1987 designó a un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos (CDHH) para actuar contra el uso de asesinos, sicarios y mercenarios, cuyo trabajo fue aprobado dos años después por la Asamblea General, según lo tipificado en el articulo 1°, numeral 2, que define al mercenario como aquella persona especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para un acto de violencia con el objeto derrocar a un Gobierno.
En otro análisis de este importante tema de seguridad de Estado, la magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales, abogada Ana Cristina Bracho, significa que “esto hace mucho más difícil promover y apoyar directamente golpes de Estado militares como los del pasado, y es más sencillo impulsar aventuras que aparenten estar en el marco de la lucha de la sociedad por los derechos humanos, que enarbolen un discurso que diga que es el pueblo el que está solicitando ayuda para restaurar el orden jurídico y la primacía de esos derechos”.
Sin embargo, Bracho señala que la guerra jurídica tiene una definición mucho más amplia en los manuales de las Fuerzas Armadas estadounidense, “porque es vista como la utilización del derecho para obtener finalidades que, de lo contrario, requerirían una guerra convencional”.
Lo que refiere a que se trata de acuerdo donde aflora una nueva fase de la guerra multiforme que viene ejecutando el imperialismo norteamericano sobre Venezuela.
Por otro lado, en cuanto al plano interno Bracho aseveró, en un artículo publicado por el portal web de La Iguana Tv, que el documento que firmó Guaidó con Silvercorp USA carece de toda legalidad jurídica.
“Por principio no se le puede reconocer ninguna validez jurídica a ese documento, por mucho que tenga forma de contrato y por mucho que la prensa lo mencione como un contrato, porque es un objeto ilícito. No puede ser considerado como un acuerdo válido porque el Código Civil –venezolano- en eso es tajante, dice que un contrato es aquel acuerdo que se estipula entre dos o más personas con un objeto lícito y posible. Por tanto, este documento no tiene cabida dentro del sistema jurídico venezolano”.
Prensa Presidencial/Andrelys Zambrano
