La superintendenta de costos en Venezuela, Karlin Granadillo, explicó este miércoles en entrevista exclusiva para teleSUR que la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos no generará desabastecimiento en el país. Al contrario, evitará la especulación de los bienes alimenticios, de higiene, artículos del hogar, entre otros.

“La única forma en que la ley afectara el tema del abastecimiento es si se establecieran precios por debajo de los costos, eso por supuesto no está contemplado porque es en base a la estructura de costos que se va hacer la determinación de los precios”, argumentó la funcionaria.

Granadillo reiteró que en caso de que exista desabastecimiento es por causa “de una medida de los interesados en que la ley no se aplique. Es una reacción política (...) es una reacción de la oposición.

A continuación teleSUR publica de manera íntegra la entrevista exclusiva de la superintendenta de costos en Venezuela, Karlin Granadillo:

¿Cuál es el alcance de este instrumento legal en permitir mayor democracia en el acceso a los bienes y servicios en Venezuela?

El alcance está en la posibilidad de poder hacer un análisis de los costos, de las estructuras de costos de las empresas en toda la cadena productiva, es decir, que vamos a poder examinar desde la producción primaria o la importación, el transformador, el distribuidor hasta el comercio final.

Esto nos va a dar un panorama muy amplio sobre cada uno de los sectores y exactamente determinar dónde está ese pico especulativo o el comportamiento, la variable, la razón por la cual existe ese comportamiento en los precios que es un alza constante.

La herramienta legal, específicamente busca a través de los artículos 14 y 27 la fiscalización desde el Poder Popular para hacer estos estudios, ¿cómo se puede articular este proceso?.

La fiscalización tiene dos ámbitos: por una parte la fiscalización que es una auditoria a las empresas para conocer esas estructuras de costos y por otro lado, está la fiscalización que es la inspección para velar por el cumplimiento de los precios regulados.

Uno de los puntos en consideración es la disparidad de los precios en un mismo producto que se vende en el exterior y a la vez en Venezuela. ¿Cuál es la conclusión de los estudios realizados por el Gobierno sobre la carga especulativa?.

Eso ha servido como una fotografía de la situación y lo que nos alerta sobre la necesidad de la aplicación de esta Ley. Ahora vamos a identificar cuáles son los elementos que han llevado a esto.

Es notable ahora ver la concentración de capital que existe, por lo menos, en estos sectores es muy evidente y sabemos que eso permite que la industria pueda manipular tanto la oferta como los precios, pero ¿hasta dónde llega? ¿cuáles son los costos? y que ¿podría estar afectando esto?. Hasta ahora podemos decir que es un comportamiento del capitalista que está muy concentrado en estos sectores y vamos a determinar cualquier otro elemento que pueda estar afectando el comportamiento en los precios.

Hay opiniones contrarias a Ley, pues aseguran que la norma traerá como consecuencia el desabastecimiento y un impacto en la estructura de costos, ¿Cuál es su respuesta?.

La única forma en que la ley afectara el tema del abastecimiento es si se establecieran precios por debajo de los costos, eso por supuesto no está contemplado porque es en base a la estructura de costos que se va hacer la determinación de los precios.

Si hay desabastecimiento es una reacción, es una medida de los interesados en que la ley no se aplique. Es una reacción política a la entrada en vigencia o a la medida del Gobierno Revolucionario, no es una consecuencia de la política o de la ley sino es una reacción de la oposición.

Hay una vinculación de varias instituciones venezolanas entorno a la entrada en vigor de esta Ley. ¿Cómo se articula eso?.

El Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios está compuesto por los ministerios y los organismos adscritos que han tenido hasta ahora competencia en la materia, no sólo determinación de análisis de los costos y determinación de precios, sino que ha estado vinculado con los diferentes sectores productivos.

Estamos trabajando muy articuladamente con organismos como el Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), el Indepabis (Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios), como SADA (Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas), el Banco Central, organismos que forman parte del sistema que están contribuyendo con la información que ya posee el Estado y que nos va a servir de complemento para la información que además van a portar las empresas con respecto a los costos de producción.

Los operativos de fiscalización están siendo llevados a cabo con los fiscales tanto del SADA como del Seniat para las auditorias e Indepabis para la inspección de los precios regulados.

Además de un cuerpo de 100 jóvenes que se están formando como fiscales de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y por supuesto un protagonista fundamental en este proceso que es el poder popular.

Estamos organizando y articulando con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas aprovechando la plataforma de la organización social que existe en el país para que el Poder Popular sea el protagonista a la hora de la inspección y cumplimiento de la Ley.

Es un gran paso que está dando el Gobierno Revolucionario de que sea el Poder Popular el que tenga el protagonismo en todo esto, ya no va a ser la víctima sino va a tener posibilidad, a través de la organización social, de tomar medidas con respecto a los especuladores.