A nueve años de los hechos, el ex magistrado Alejandro Angulo Fontiveros sigue convencido de que los oficiales involucrados en el derrocamiento del presidente Hugo Chávez debieron ser enjuiciados. Y, según el criterio jurídico de este caraqueño de 63 años, pudo juzgárseles por crímenes de lesa humanidad, pues había indicios de que todo -incluyendo los asesinatos ejecutados por francotiradores- formó parte de un plan.

Angulo, abogado (Universidad Central de Venezuela) y doctor en Derecho Penal (Universidad Católica Andrés Bello), afirma que “el hecho de que hayan disparado de manera indiscriminada contra blancos civiles, gente inocente, no combatiente, tipifica el delito gravísimo del terrorismo indiscriminador por móviles políticos”. Por ello, propuso el enjuiciamiento de los oficiales, pero su ponencia fue derrotada. El siguiente ponente, Franklin Arrieche, los absolvió con la famosa tesis de que “actuaron preñados de buenas intenciones”.

— ¿Cómo era en esos días el hervidero del TSJ?

— Había una división muy clara entre dos grupos. Y los diez que representaban a la oposición lo hacían de una forma abierta. Yo le pronostiqué al doctor Iván Rincón (presidente del TSJ) que dirían que no hubo ningún delito. Él me contestó que no creía que se atrevieran a tanto. Pero sí se atrevieron.

— ¿Qué decía su ponencia fallida?

— Alertaba sobre una grave sospecha: que los protagonistas del golpe proclamaron los muertos antes de que hubiera alguno. El vicealmirante Héctor Ramírez Pérez dijo en televisión que ellos se pronunciaron a las diez de la mañana. A esa hora no había habido violencia, pero en su pronunciamiento decía que el Presidente estaba masacrando al pueblo y que ya había seis muertos. Un mes después oí a Otto Neustald, corresponsal de CNN en Caracas, decir que los oficiales denunciaron una masacre cuando todavía no había ningún fallecido y que a él le habían dicho que en la víspera “habría unos muertos”. Entonces, ¿cómo es posible que en una ponencia se alerte de algo tan extremadamente grave y no haya merecido comentario?

— Usted salvó su voto en la ponencia de Arrieche en términos muy duros. ¿Qué dijo?

— Que fue completamente antijurídica y absurda. Se llegó al extremo de decir que no estaban armados… ¿qué decir de las amenazas de bombardeo al Palacio?, ¿será que iban a bombardear con flores? Dijeron que debían tener las armas enarboladas… será como un llanero de Páez con la lanza en ristre. Eso es ridículo.

— Sin embargo, usted sigue opinando que Arrieche es un eminente jurista…

— Es que fue una sentencia política. El señor Miquilena dijo que yo tenía razón desde el punto de vista jurídico, pero que eso era una sentencia política. Claro, que los magistrados no deben ir al TSJ a hacer política, sino a decir el derecho.

— ¿Por qué un magistrado termina respondiendo a la orden que le da un político?

— Bueno, no sé si a órdenes; pero la gente tiene sus simpatías políticas. Habría que preguntarle a quienes lo hicieron. Yo me mantuve en mis trece. Un abogado notable, Gustavo Linares Benzo, me dijo: “usted fue el único magistrado que llegó al TSJ por postulación de Miquilena y que no saltó la talanquera. Y eso lo honra”. Así fue. A mí me postuló por su iniciativa y yo acepté, pero eso no significaba que tuviera que seguir directrices.

— ¿En esas decisiones hay también dinero, amenazas, extorsiones o todas las anteriores?

— Puede haber de todo. En este caso no creo que haya sido dinero. Es probable que las ideas políticas en un escenario crispado por las tesis revolucionarias los hayan llevado a asumir esa actitud para resolver, por esa vía, un problema político.

— Hablando de Miquilena, el periodista Sebastián de la Nuez dijo en un reportaje que usted tiene material para escribir el tercer tomo de su biografía… ¿Empezamos?, díganos algo…

— Pues, je. No creo, porque lo conozco poco. Sé que tuvo una trayectoria política digna, fue un político de ideales, de convicciones que lo llevaron, incluso, a la cárcel y a ser torturado. Últimamente ha tenido posiciones con las cuales no comulgo, como decir que el presidente Chávez es peor dictador que Pérez Jiménez. Me causa extrañeza ese comentario de De la Nuez, a menos que haya querido decir que fui artífice de “manejos” para favorecerlo en el caso Micabú. No me hice conocer por manejos indebidos en el TSJ. El que usa un cargo tan alto y poderoso para “guisar” no lo abandona por su propia iniciativa, sino que sigue aferrado a él para prevaricar a sus anchas. En el caso Micabú, Miquilena no cometió delito alguno. Estaba y estoy convencido de eso.

— Después de aquel voto salvado en el que usted califica la sentencia como “mónstrum horréndum”, ¿se deterioró su relación con otros magistrados?

— No, ni siquiera con el magistrado Arrieche porque habíamos desarrollado una amistad. Es una persona bastante apreciable y después de eso, nuestra amistad continuó y se ha fortalecido.

— Es bastante fuerte la amistad porque usted llegó a afirmar que si su sospecha es fundada, “estaríamos ante uno de los asesinatos múltiples más perversos perpetrados en la historia de la humanidad…” No es poca cosa.

—…Sí, pero eso no lo perpetró el doctor Arrieche ni los magistrados, sino los que colocaron los francotiradores a echarles tiros a la gente.

— No lo perpetró, pero lo dejó impune.

— Bueno, pero es que dudo mucho que ese grupo de magistrados estuviesen en complicidad con quienes lo hicieron.

— ¿De haber ido a juicio, se hubiese demostrado la culpabilidad de los militares?

— Yo dije y sostengo que había razones para tener dudas sobre crímenes gravísimos que merecían ser investigados.


Sentencias de un ex magistrado

El Poder Judicial sigue muy mal, no se le ha prestado la debida atención. Hay jueces honrados, pero ha habido denuncias muy serias con respecto a bandas y tribus y las investigaciones han sido muy flojas cuando no, inexistentes.

- Con las denuncias de Makled, el Gobierno tiene una prueba de fuego, debe realizar una investigación muy seria, de hondo calado.

- Quizá no haya llegado a los niveles tan altos de corrupción que había cuando los adecos y los copeyanos porque entonces estaban más hilvanados, organizados y eran más experimentados.

- Los jueces no tienen la debida protección ni a su vida e integridad, sobre todo los penales; ni a su estatus, con un digno salario. Véase, por ejemplo, la bofetada que le acaban de dar a los magistrados del TSJ. La doctora Blanca Rosa Mármol de León declaró que había recibido 4 mil bolívares de sueldo en una quincena. Otra parte del maltrato es el desprecio académico implícito, al poner personas que no tienen las credenciales, recién graduadas, sin experiencia o muy señaladas.

- Recientemente, se postularon jueces al TSJ que fueron denunciados hasta por batallones de víctimas y no pasó nada.

- Una de las primeras obligaciones de un Gobierno es no dejarse tumbar; y si lo van a hacer por vía judicial, cae en la tentación de nombrar incondicionales. No es el caso de todos los designados, pero sí, se cae en esa tentación; no justificable, pero sí comprensible.