En Venezuela a partir del año 2007 se desató una ola especulativa que tiene carácter desestabilizador, por ello se recurrió a la práctica del acaparamiento, el boicot de la libre distribución y la circulación de bienes esenciales, algunos de primera necesidad y otros no declarados de primera necesidad pero fundamentales para la vida normal de la sociedad venezolana. De manera que se comenzó a notar esa tendencia a observar escasez, desabastecimiento y especulación con prácticas irregulares, entorpeciendo el normal desarrollo de la economía y obstaculizando el derecho del pueblo a estar abastecido de lo necesario para una vida digna y confortable.

Esta opinión corresponde al diputado Mario Isea, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, quien manifestó que la Ley para la Defensa en el Acceso de Bienes y Servicios (Indepabis) trataba -en un principio- el caso de la especulación y el acaparamiento, sólo en referencia a los artículos y servicios declarados de primera necesidad, por tal motivo el instrumento legal fue sometido a una reforma parcial, publicada en Gaceta Oficial 39.358 el pasado 02 de febrero de 2010, la cual faculta al Ejecutivo Nacional a iniciar procedimientos de expropiación cuando exista ilícitos económicos y administrativos de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

"Con la reforma recientemente promulgada por la Asamblea Nacional, se libera la limitación de tratar la especulación y el acaparamiento de los productos de primera necesidad y se establece que si se venden los productos por encima del precio establecido por la institución competente, sea el precio regulado o no, y se aumenta el mismo sin justificación, se está incurriendo en el ilícito económico de la especulación, es decir, ya no se habla sólo de especulación y acaparamiento en referencia a los artículos de primera necesidad, sino de cualquier bien o servicio a cuyo acceso deben tener derecho todos los venezolanos. Es por eso, que esta modificación amplia la capacidad de acción del Estado para combatir la especulación y el acaparamiento", sentenció Isea.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional sostuvo que con la reforma de la Ley de Indepabis se fortalece la capacidad al Estado para aplicar sanciones, ya que se venían aplicando multas y cierres temporales. Sin embargo, "los empresarios se burlaban del pueblo y del Gobierno, porque pagaban la multa y una vez cumplido un día o dos de cierre aumentaban los precios de los productos, ganaban más con el pretexto que fueron multados que antes, pero además, establecían los precios a base del valor del dólar ilegal y esto es posible porque tienen el mayor dominio de la cadena de comercialización del país".

El Estado no confisca, indemniza
A su juicio, con las medidas que se tomaron dándole un piso legal al Gobierno Bolivariano para que proceda aplicar sanciones e inicie el proceso de expropiación de inmediato, como ocurrió en el caso de Éxito, el Estado tiene la posibilidad de incidir con mayor fuerza en la cadena de comercialización.

En este mismo contexto, el diputado Isea enfatizó que el Estado no pretende confiscar ninguna empresa puesto que la expropiación consiste en indemnizar a los dueños de las mismas, pero se le descuenta del monto a pagar, la ley lo faculta en la reforma, cualquier cantidad que por concepto de multa u otra razón estos comercios adeudara al Estado.

Por otra parte, al referirse a las matrices del sector opositor quienes manifiestan que el Gobierno Bolivariano pretende nacionalizar las empresas privadas, Mario Isea enfatizó que no se está estatizando todas las empresas, 'se está procediendo a sancionar a los delincuentes que conspiran contra los derechos de la mayoría'.

Aseguró que en Venezuela hay libertad económica y está establecida en la Constitución de la República, porque el ciudadano o ciudadana puede dedicarse a la actividad comercial de su preferencia, pero esa actividad tiene un límite, el bien público, la actividad plurisocial y las satisfacciones de las necesidades del colectivo, porque "la tendencia es que se usa el libertinaje comercial, entonces podemos dedicarnos a cualquier actividad y podemos ganar de acuerdo a la proporción de cualquier mecanismo. No puede haber abusos por parte de algunos comerciantes y empresarios que no tienen sentido de patria, humanidad y que no les importa afectar a sus semejantes con tal de acumular riquezas fácil".

Por los derechos del pueblo
Con una visión socialista el Estado venezolano actúa en pro de los derechos del soberano, puesto que su objetivo es lograr la mayor suma de felicidad a través de proyectos sociales que les permita llevar una vida digna con mayor bienestar, por tal motivo "el Gobierno Bolivariano no está impidiendo el libre ejercicio de la actividad económica, sino que está protegiendo a la población de los especuladores, acaparadores y delincuentes", afirmó el Diputado.

Asimismo, indicó que en Venezuela se ha incrementado la inversión extranjera en los sectores más productivos como el gas, el petróleo y además en las distintas áreas económicas del país. "La inversión extranjera persiste en nuestra Nación, pero se tienen que apegarse a nuestras leyes, respetar los derechos del soberano de acceder a los bienes, productos de buena calidad y a un precio razonable. Si los inversionistas respetan las leyes venezolanas no corren ningún riesgo, pero el que quiera venir a engañar, estafar y vulnerar los derechos del colectivo, va ser sancionado por la Ley".

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Mario Isea, concluyó exhortando a los dueños de empresas y comerciantes a que se rijan por la Ley para no caer en ilícitos económicos, ya que en Venezuela se puede ganar dinero honradamente, sin estar remarcando los precios, especulando y estafando a la gente, con prácticas totalmente legales.