Por: Berenice Sulbarán

Como miembro de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Manuel Villalba, dio a conocer su posición acerca de la democratización del espectro radioeléctrico y la matriz de opinión que los medios privados han querido imponer en referencia al supuesto peligro que corre la libertad de expresión en Venezuela.

A su juicio, no es verdad que las personas quedarán desempleadas con el cese de las concesiones, sino todo lo contrario, “se abre la compuerta para que ellos desarrollen todo su conocimiento en base a hacer radio de calidad, buen gusto y sin explotación”.

Basado en su experiencia y análisis, el diputado asegura que en Venezuela hay garantías comprobables de libertad de expresión, dado a que este ha sido un Gobierno amplio y democrático que ha permitido que nazcan medios privados, como “Canal i”, además de cualquier cantidad de medios comunitarios. “Lo que pasa es que chillan porque ya no es un grupito el que se come la torta”.

Villalba considera que a partir de ahora, se abre una oportunidad para los Productores Nacionales Independientes para crear líneas de información desde el interior hasta el centro del país, y no como antes cuando los medios nacionales enviaban especies de enlatados hacia el interior, negándoles la posibilidad a ellos de explotar su trabajo en todo el territorio nacional.

Para proteger al pueblo
Sobre el tema del terrorismo mediático y la propuesta de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, de una Ley Especial contra Delitos Mediáticos, subrayó que en nuestro país el terrorismo mediático es evidente, a través de la formulación de matrices de opinión que buscan generar miedo, pánico y/o terror en la población. “Un modus operandi de dueños de medios que en nombre de la libertad de expresión, violentan los instrumentos legales, cometen todo tipo de barbaridades, conspiran contra un gobierno y aun así, no quieren que se les aplique la ley”.

Según su criterio, la razón por la cual los medios se niegan a la aplicación de la ley, quizá radique en el hecho de que no existe un instrumento especifico sobre el terrorismo mediático, de ahí la necesidad de legislar.

“Lo que se plantea es que puedan existir instrumentos que resguarden o preserven lo que tiene que ver con la institucionalidad democrática, y evitar que los medios continúen en esa ofensiva que trata de desconocer los gobiernos legítimamente constituidos”.

Villalba ve la propuesta de Ortega Díaz, como un acto de gallardía, al sacar a flote un tema que muchos no habían tocado por miedo a ser atacados. “Valoro la valentía de la Fiscal General que se atrevió a quitarle el celofán a un tema que nadie quería discutir ni plantear con sinceridad y objetividad, por temor”.

El diputado de la AN, hace un llamado al pueblo para profundizar en esta materia, más allá de la instancia gremial o de la condición de dueño o trabajador de un medio. “La libertad de expresión es un derecho universal y es el pueblo en el ejercicio pleno de su soberanía quien establece que es democracia y que no”. Ya que estas legislaciones sólo buscan proteger al pueblo de las consecuencias nefastas del terrorismo mediático.

La historia lo comprueba
“Estamos hoy día en el justo momento para comenzar una discusión sumamente interesante que nos lleve verdaderamente a conocer y prepararnos contra esta arremetida que significa el terrorismo mediático, diseñado por dueños de medios”, señaló Villalba, quién se apoya en la historia para comprobar la existencia del terrorismo mediático en suelo venezolano.

Tal es el caso del Caracazo, “con situaciones muy lamentables donde casi 3 mil personas murieron en esta ciudad, mientras los dueños de los medios, por proteger sus intereses, (que eran los mismos del Gobierno) juzgaron, convirtiendo al pueblo en saqueadores y delincuentes, y no dijeron que se trataba de la respuesta a unas medidas impopulares de un gobierno que gobernaba para intereses económicos y no para intereses de la sociedad en general”.

Otra muestra tomada de la historia nacional, fue el comportamiento de los medios en el año 2002, durante el paro petrolero y el golpe de Estado, cuando “los medios fueron la punta de lanza, el arma que abrió caminos para provocar, no tan sólo la muerte, sino el desconocimiento de las instituciones públicas y la instauración de una dictadura”.

Identifica en estos sucesos, rasgos similares al desenvolvimiento de los medios Hondureños, marcado por un gran silencio y donde ya no se habla de un golpe de Estado sino de un gobierno transitorio. “Juzgan sin esperar la decisión de los tribunales y convierten a una persona en inocente o culpable, dependiendo de los intereses que pueda tener el dueño de ese medio”, agregó.

“Esas son situaciones que son necesarias controlar. No puede ser que el 10 de abril de 2002 el titular de El Nacional incite a la violencia para tumbar un Gobierno al decir que: La batalla final será en Miraflores (…) La prueba más reciente fue cuando se tomaron las medidas administrativas, en base a la ley, sobre 34 emisoras el día viernes, y ya el día sábado Globovisión estaba llamando al pueblo a desconocer dichas medidas… eso es terrorismo mediático, es atentar contra la institucionalidad en este país.

En contra de los excesos
Explica Villalba que el problema comunicacional ha llegado tan lejos, que se han hecho eventos de carácter internacional, donde se han traído expertos en esa materia, los cuales han concluido que, efectivamente, estamos en presencia de un terrorismo mediático.

“Hemos avanzado en materia de comunicaciones vertiginosamente en el mundo y estos procesos de cambio, de innovaciones tecnológicas, conllevan a que las sociedades tengan que legislar, para poder evitar los excesos en base a intereses particulares y no a los intereses del colectivo”.

Villalba concluye con una alerta al pueblo a participar en un debate participativo y protagónico donde se tome conciencia de las amenazas del terrorismo mediático interno y externo, así como la situación que surge a partir de la instalación de las bases militares en Colombia.

Estamos en un momento propicio para ratificar que en Venezuela debe prevalecer el imperio de la Ley, sin impunidad. Por eso quienes hoy son objeto de la aplicabilidad de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, tienen que entender que se está aplicando en su justa dimensión.

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