Por: Daniela Uzcatia

Eliminar la concesión a 34 emisoras de radio por no cumplir con los requerimientos legales fue la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Ante esta sentencia, organizaciones y empresas de comunicación han emprendido una campaña mediática contra el gobierno Bolivariano.

Para María Alcira Matute, periodista y conductora del programa La Librería Mediática, transmitido por el Sistema Nacional de Medios Públicos, “el Estado tiene todo el derecho como ente regulador y propietario del espectro radioeléctrico en ejercer todos los controles para que quienes gozan de la asignación de la concesión estén ceñidos a la ley, es decir, cumplan con los requerimientos para que continúen disfrutando del espacio gratuito”.

La iniciativa de Conatel está respaldada en el ordenamiento legal, que no es de ahora sino de hace muchos años, incluso antes del gobierno del presidente Hugo Chávez, donde se establece que el espectro radioeléctrico cuando se concede gratuitamente, que es en todos los casos, “no puede cederse de ninguna manera, no puede prestarse, alquilarse, enajenarse y no puede ser objeto de una herencia, por lo tanto éstos son algunas de las faltas que cometieron las emisoras a las que le eliminaron la concesión”, afirmó Matute.

Cada cierto tiempo el Estado debe constatar que la persona que está disfrutando de la concesión gratuita para difundir sus mensajes a través de las distintas empresas comerciales de medios de comunicación, esté dentro de los requisitos, es decir, que el titular no haya fallecido, que la concesión no se haya regalado, alquilado y que no se haya vendido, por ejemplo.

El Estado tiene la obligación de vigilar
Para María Alcira Matute, el Estado debe mantenerse vigilante ante el cumplimiento de las normativas por parte de quienes manejan el espectro radioeléctrico, “porque es un espacio que se concede gratuitamente”.

Cabe destacar, que antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, “las concesiones en muchos casos se otorgaban por razones políticas y de amistad y no porque las personas que la solicitaban cumplían con los requisitos, es decir, se evadían las leyes porque estaban acostumbrados a hacer los que les daba la gana”, aseveró Matute.

“El Estado tiene la obligación de vigilar que todas las leyes se cumplan, no es ningún abuso exigir a los concesionarios del espectro radioeléctrico que actualicen sus datos, porque es algo regular que se hace en todos los países. Si las personas no están dentro de los requerimientos legales, el Estado tiene todo el derecho de retirar la concesión o de no renovarla a su vencimiento”, enfatizó la Periodista.

Las medidas aplicadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) han generado reacciones en los sectores adversos al gobierno, quienes afirman que con la regulación el Estado pretende adueñarse de los circuitos radiales y cercenar la libertad de expresión. Los empresarios de la comunicación han ejecutado acciones para “manipular y contribuir con el terrorismo mediático, al cual se prestan algunos periodistas que en lugar de ejercer para servir al público, ejercen al servicio de intereses particulares, partidistas e individuales, es decir están haciendo uso perverso de la profesión”, explicó Matute.

Ante esta situación, la periodista y conductora del programa la Librería Mediática, expresó que de ninguna manera se está cercenando la libertad de expresión porque el Estado regule y controle todo lo relativo al espectro radioeléctrico, ya que eso está establecido legalmente. “No es un ataque a la libertad de expresión que se retire la concesión de una frecuencia a una persona haga uso del espectro radioeléctrico sin tener derecho a hacerlo, como no es un ataque a la libertad de expresión que un periodista que comenta un delito común vaya preso”.

CNP está en decadencia
Al referirse a la posición del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), organización que afirma que con la aplicación de las normas de Conatel se estaría atentando contra los periodista de opinión, María Alcira Matute sostuvo que “la opinión del CNP representa a intereses particulares pues perdió su rumbo, se olvidó del Código de Ética, de la reivindicaciones laborales y está en franca decadencia (…) CNP no es un ente que tenga una vocería mayoritaria de los periodistas, porque son 20 mil profesionales de la comunicación que están afiliados y sólo 3 mil participaron en las elecciones del año pasado. Esto quiere decir, que es la posición de una minoría”.

A su juicio, el Colegio Nacional de Periodistas no responde a las necesidades de los comunicadores, sino de patrocinantes comerciales, que tienen publicidad en la página web del CNP, por tal motivo "esta organización asume posiciones y se pliega a una cantidad de mentiras que divulgan en nombre de un grupo minoritario de periodistas”.

María Alcira Matute fue enfática al aseverar que las opiniones que emita el CNP deben ser sometidas a un “análisis profundo porque generalmente son manipulaciones informativas al servicio de las empresas que se están plegando (…) el CNP se ha dedicado a realizar una campaña mediática, divulgando mentiras con el firme propósito de agredir al gobierno Bolivariano”.

Deben prevalecer los intereses colectivos
El ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello afirmó en una reciente alocución que la democratización del espectro radioeléctrico, que pertenece a todos los venezolanos y al colectivo, beneficiará varios sectores del país como los Productores
Nacionales Independientes (PNI) y los Medios Alternativos y Comunitarios (MAC).

María Alcira Matute considera que para la asignación de espectro radioeléctrico debe prevalecer los intereses del colectivo y no el particular, se debe hacer una depuración, porque no todos los Productores Nacionales Independientes cuentan con proyectos específicos y no todos quienes se llaman comunicadores comunitarios o alternativos están haciendo ese tipo de comunicación.

“Antes de asignar esos espacios a otros colectivos, hay que depurar todo el universo de los MAC, PNI y quienes deseen acceder a una frecuencia del espacio radioeléctrico. Hay que chequear muy regularmente las concesiones, el cumplimiento y vencimiento para que no vuelva a suceder
que haya empresas que tienen de 5 y 10 añosde haberse traspasado a otras personas, la hayan vendido o regalado y después de cierto tiempo el ente regulador nota que eso está pasando”, puntualizó la periodista Matute.

Código de Ética
El comunicador social y quienes manejan el espectro radioeléctrico deben apegarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al Código de Ética. Su artículo 4 es fundamental para ejercer con la verdad, porque el periodista debe cuidar su credibilidad, ya que “cuando se acostumbra a decir mentiras y a no servir a la comunidad no está ejerciendo a cabalidad el oficio de periodista”, agregó Matute, al tiempo que concluyó que los usuarios también son responsables de realizar una contraloría social permanente para que el periodismo sea un servicio y no una amenaza a la salud mental de los venezolanos por la divulgación de mentiras y propiciar el terrorismo mediático.

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