Por: Marcos Medina

De acuerdo a la Constitución Bolivariana y en especial al artículo 7 de la Ley de Telecomunicaciones el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público. Al ser el Estado el principal responsable de preservar este tipo de bienes para el provecho y uso de próximas generaciones, el Gobierno Bolivariano, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ha levantado un proceso a 240 emisoras de radio que han incumplido parámetros en cuanto a autorización, delegación y habilitación de concesiones, para de este modo desintegrar el latifundio mediático.

Como parte de los coletazos que aún nuestra nación percibe de las decisiones que Gobiernos de la “Cuarta República” llevaron a cabo para poner en algunas manos las diversas riendas y espacios del país, la determinación del Ejecutivo Nacional ha hecho frente a esta problemática de carácter latifundista, monopólica y que no busca otra cosa, según el criterio del abogado Constitucionalista, Carlos Escarrá, sino regular el espectro radioeléctrico y regresarlo a quien realmente le pertenece como lo es el pueblo.

Bajo esta premisa, Escarrá aseguró que quien finge como rector de que se establezcan leyes es el Estado y no un grupo de emisoras de radio que pertenecen a un conjunto, muy mínimo, de familias con poder, por lo que afirmó que con las medidas que está impulsando el Gobierno Bolivariano para democratizar el espectro radioeléctrico desaparecerá, de una vez por todas, el latifundio mediático que los consorcios comunicacionales han desarrollado para apoderarse, de manera irregular, de las ondas hertzianas y que ha violado, de forma desmesurada, el estado social, democrático y de justicia que avala nuestra Carta Magna.

Narró que en el estudio realizado a las 240 emisoras se pudo apreciar que “muchas de esas habilitaciones fueron traspasadas, fueron cedidas, heredadas, es decir, se buscó cualquier forma jurídica, incluso fraudulenta, para que esas concesiones no estuviesen en manos de quienes legalmente debían estar”, al momento que señaló que esta situación es “totalmente irregular el que se diga que va vía sucesión, vía herencia, porque es un bien del Estado y no lo puedes heredar bajo ningún concepto”.

Señaló que el Estado, ante la situación actual que presentan estas emisoras radiales, sencillamente revocará las concesiones y asumirá la frecuencia correspondiente, todo esto con el objetivo de democratizar el espacio radioeléctrico.

Mentiras mediáticas

Escarrá rechazó la actual campaña que los medios de comunicación intentan posicionar, en donde colocan al Estado venezolano como un vil depredador de los medios de comunicación.

En este sentido indicó que la premisa de que el Gobierno Nacional quiera prohibir la transmisión de eventos deportivos al eliminar los circuitos radiales es una gran falacia, puesto que aclaró que lo que no se puede llevar a cabo en una transmisión de cualquier índole es “encadenarse para hacer comentarios o propaganda ofensiva. Para eso existe la retórica, lo que pasa es que aquí estaban acostumbrados a que el Estado era un parapeto al que nadie le hacia caso. Hoy en día, hay un Gobierno que ejerce su función y que tiene además respaldo popular, así que en definitiva se va a actuar siempre dentro del marco de la Ley, pero por supuesto, limitando y restringiendo donde sea necesario”.

Asimismo aclaró que existe una serie de previsiones en donde se insta a los medios a no pronunciar, a través de un programa y en algunos horarios, temas y determinados vocabularios que puedan perturbar la formación del niño y adolescente.

RCTV ¿Internacional?

El Diputado de la Asamblea Nacional se refirió al tema del canal privado RCTV Internacional y que puede ser visto a través de televisión por suscripción, explicando que su nombre no tiene connotación con su verdadera esencia, “tú no puedes decir que eso es un canal internacional cuando toda su información es nacional, sus artistas son nacionales, las propagandas van dirigidas a Venezuela, la junta directiva es nacional y el régimen de administración es nacional, eso es mentira, eso no es internacional”.

Ante este planeamiento, Escarrá informó que Conatel también está adelantando una normativa para de este modo regular la actividad de este tipo de medios de comunicación, ya que de tratarse de un canal de índole nacional, deben transmitir el Himno Nacional, así como adaptarse a la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.

Sin embargo agregó que el Estado le dará la oportunidad, al ser emitida la nueva normativa, de que este canal de televisión pruebe que su carácter es netamente internacional.

A pesar de ello, fue enfático en aseverar que “el remoquete internacional es un fraude a la ley y ese fraude no se puede tolerar en un Estado de Derecho, porque ellos están defraudando el ordenamiento jurídico y esa defraudación del ordenamiento jurídico requiere de una sanción por parte del Estado”.

Con el verdadero escenario sobre la mesa, sin medias tintas ni información confusa, es propicio señalar y aclarar que el latifundio es una explotación de un espacio de gigantescas dimensiones y que se caracteriza por un uso ineficiente de los recursos disponibles.

En nuestro país, el latifundio ha llegado al espectro radioeléctrico, un espacio en donde un conglomerado muy pequeño de venezolanos, en su mayoría acostumbrados a llevar a cabo políticas netamente neoliberales, crearon un monopolio prácticamente impenetrable e inquebrantable para el ciudadano común, que sólo pide participación para poder expresarse y que se reconozca el protagonismo que merece como ciudadano.

Hoy, el Gobierno Bolivariano, lucha para devolverle estos espacios a quien realmente le corresponde: al pueblo venezolano.

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