La Defensa Pública (DP), cuenta con 21 despachos defensoriles en materia indígena, ubicados en varios estados del país, con el fin de velar y garantizar el acceso a la justicia de las comunidades y pueblos originarios.
La jefa de la División de Derechos Indígenas de la DP, Marianny Romero, durante su participación en el programa “Habla la Defensa Pública en la Radio”, transmitido por YVKE Mundial, dijo que Venezuela es el país con mayor diversidad cultural porque cuenta con más de tres mil comunidades indígenas y con 44 pueblos originarios, ubicados en los estados, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia.
Explicó que de acuerdo con las verificaciones realizadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, también existen poblaciones indígenas en los estados Barinas, Lara, Mérida y Trujillo.
Romero señaló que la Defensa Pública cuenta entre sus 15 competencias con la materia indígena, mediante la que orienta y asesora a los ciudadanos pertenecientes a una comunidad originaria en aquellos procesos judiciales, respetando y enalteciendo sus valores ancestrales.
Indicó que los defensores públicos asignados a esta materia “deben hablar el idioma indígena, así como conocer la cultura de la comunidad o del pueblo al que está prestando sus servicios”, como lo establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, al tiempo que dijo que la institución cuenta con 15 funcionarios que son intérpretes del lenguaje originario.
Además, resaltó que los defensores públicos representan jurídicamente a los ciudadanos indígenas ante las instituciones del Estado, con el fin de realizar, entre otras cosas, los trámites para conformar un consejo comunal, así como a quienes presenten una problemática en materia laboral o administrativas ante un ministerio.
La funcionaria de la DP recordó que la jurisdicción indígena se diferencia de la jurisdicción ordinaria porque está contempla un conjunto de normas orales basadas en usos y costumbres ancestrales. “Las organizaciones del Estado no infiere en la administración de la justicia indígena siempre que no se vulneren los derechos humanos de otras personas, así como en la comisión de crímenes graves”.
Por otra parte, Romero indicó que durante el desarrollo del III Congreso “La Defensa Pública como órgano garante del acceso a la justicia y los Derechos Humanos de los pueblos originarios”, que se realizó el pasado mes de junio en el estado Amazonas, contó con la participación de 180 personas pertenecientes a comunidades originarias cercanas a Puerto Ayacucho.
“Dicho congreso se realizó con el fin de intercambiar los saberes ancestrales de los pueblos indígenas del país, así como la aplicación de justicia propia que emplean dentro de sus comunidades”, expresó la funcionaria de la DP.
En cuanto al “Plan de Atención Integral a Comunidades Indígenas y Vulnerables”, la servidora pública explicó que este se lleva a cabo en varios estados del país, con el fin de llevar los servicios de orientación y asistencia jurídica, cedulación, odontología, inmunización, salud visual y vial, registro de nacimiento, así como entrega de medicamentos y alimentos en las comunidades originarias más remotas.
Resaltó que en este Plan, iniciativa de la Defensa Pública, participan funcionarios de los ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Salud y Pueblos Indígenas, así como del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería; Consejo Nacional Electoral; y de Petróleos de Venezuela Gas.
Prensa Digital MippCI/DP
