La artillería de flashes disparó su arsenal para inmortalizar el momento en el que la Iglesia católica, en la figura del sacerdote Luis Ugalde, unía las manos del presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, y el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, para dar su bendición al pacto de las cúpulas empresariales y sindicales que planteaba en diez puntos de lo que ellos denominaron en 2002 “el inicio de la era post chavista”.

Era el 5 de marzo de ese año y un Ortega visiblemente emocionado ante las cámaras y aupado por los vítores de “se va, se va”, que coreaba la facción empresarial en el salón de fiestas de la Quinta La Esmeralda (al este de la capital venezolana), expresaba con total convicción: “Consideramos inminente la salida del señor Chávez de la primera magistratura (...) por eso, hoy nace este pacto con miras a un gobierno de transitoriedad (sic)”.

Ese día, los medios de comunicación privados transmitieron de manera simultánea la firma de un pacto de élites, que cristalizó la segunda fase del plan que inició meses antes con un paro patronal convocado por la CTV y Fedecámaras.

En diciembre de 2001, las organizaciones sindicales y empresariales controladas por la oposición se fueron a paro al negarse a reconocer un conjunto de leyes aprobadas por el Primer Mandatario nacional mediante un Decreto Habilitante. Fue ese episodio el que dio inició a una carrera que culminaría en abril de 2002 con el golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez Frías.

Pacto en La Esmeralda
Para inicios de marzo de 2002, la CTV y Fedecámaras seguían con sus amenazas de detener los sectores productivos de la nación con el llamado a una huelga general que, apoyado por los empresarios, se llevaría a cabo a mediados de ese mes.

Los medios de comunicación eran la principal tribuna para los constantes llamados a paro en segmentos de opinión y noticias, mientras las propagandas de la oposición se repetían incesantemente a cualquier hora del día.

Paradójicamente, esas convocatorias a “huelga” no exigían reivindicaciones laborales para los trabajadores. La motivación era plegarse a la campaña de presión que ejercía la oposición venezolana en búsqueda de la renuncia del primer mandatario.

Bajo ese clima, la CTV y Fedecámaras decidieron dar un paso más, y con el “aval moral” de la Iglesia, firmaron el documento denominado “Bases para un Acuerdo Democrático”.

Los principales objetivos eran: desconocer al gobierno legítimo, derogar la Constitución y sentar las bases para una alianza de “transición”, que sería conformada por empresarios y reductos gremiales de los viejos partidos Acción Democrática (AD) y Copei, apoyados por toldas de oposición como el MAS y Primero Justicia (PJ).

En la Quinta La Esmeralda, tanto Ortega como Carmona dejaron claro que las “acciones de protesta”, protagonizadas por los empresarios y la clase media venezolana, difundidas ampliamente por todos los medios de comunicación privados, eran parte de una estrategia articulada y preconcebida.

Las manifestaciones de las cúpulas gremiales y sindicales, que en principio sólo pedían un cambio de políticas gubernamentales, fueron sumando exigencias hasta demandar la salida del presidente Hugo Chávez.

El problema era que sin una vía democrática para sacar al Presidente del poder y a sabiendas de que éste no renunciaría, la opción que le quedaba a la oposición era sembrar el camino para cosechar un golpe de Estado. La primera semilla era la figura de un gobierno de “transición institucional”.

“El 10 de diciembre la CTV acompañó a Fedecámaras en la acción cívica (paro petrolero) solicitando un cambio de rumbo en las políticas gubernamentales, el 23 de enero se incorporó a la masiva movilización exigiendo un cambio de gobierno y estrategias políticas y sociales, y el 27 de febrero, fue a la marcha hasta la Asamblea Nacional proponiendo un referéndum consultivo y la eliminación del estatuto de la función pública, con la presencia combativa de la clase media y los empresarios (...) Y hoy, 5 de marzo, presentamos a todos los venezolanos las diez bases para un acuerdo democrático”, dijo Ortega en La Esmeralda; palabras con las que confirmaba el plan opositor y reiteraba que el respaldo de ese sector no estaba en las clases populares.

Posteriormente, Carmona, quien un mes más tarde se proclamaría como Presidente de la República en Miraflores, ofreció un discurso en el que manifestaba su satisfacción por la firma del documento y señalaba que éste era “la salida a la situación de emergencia nacional”.

Por último, el sacerdote Luis Ugalde se limitó a decir que su presencia en el lugar era para “expresar la satisfacción y alegría” de la Conferencia Episcopal Venezolana por el acuerdo, emoción que consumó con al unir las manos de los representantes de aquel movimiento.

Para el entonces ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, el problema no estaba en el texto del documento, sino en las intenciones subversivas del mismo: “cualquiera respalda esos temas (...) pero estamos en una situación donde hay dos niveles: el de las palabras, retórico, formal; y otro donde se ocultan intenciones y propósitos que apuntan contra el orden constitucional”.

Rangel sostuvo con firmeza que el gobierno no iba a “dialogar con una pistola en la boca”.

Ortega dijo que “estaba planteada la salida de Chávez, salvo que convocase a referéndum, que destituyera a la nueva directiva de Pdvsa, a los ministros de economía y retirase el paquete de leyes de la Habilitante; sólo le faltó decir que tenía un pasaje para que el Presidente se fuera del país”, expresó Rangel.

Chávez sobra
“Si sentáramos en una mesa a los 24 millones de venezolanos, todos llegarían a la conclusión de que Chávez sobra”, fue la frase que manifestó el coordinador de Primero Justicia, Julio Borges, una vez firmado el pacto de Fedecámaras y la CTV.

Después del “emotivo acto” en La Esmeralda, como fue reseñado en la prensa nacional, las reacciones de los múltiples sectores de la oposición venezolana ya auguraban la “inminente” salida de Chávez de Miraflores.

Y es que aunque el acuerdo hablaba de concertación y “diálogo democrático”, éste no incluía al gobierno, única institución legítima que de plano rechazaba cualquier pacto de cúpulas.

Entretanto, el secretario general de AD, Rafael Marín, confiaba en que el acuerdo concitaría la unidad de las fuerzas opositoras en “ideas programáticas”, que serían aplicadas para cuando salieran de la “pesadilla del gobierno chavista”.

“El documento de Fedecámaras y la CTV es un primer pilar para un acuerdo sobre las acciones a tomar en un gobierno de transición”, decía por su parte el secretario general del MAS, Leopoldo Puchi.

“El pacto de La Esmeralda abre una opción para el diálogo (pero) el mismo tiene que excluir al Jefe de Estado”, afirmaba tajantemente Pablo Medina.

El acuerdo de las fuerzas opositoras también contó con el apoyo de los Estados Unidos. En una nota publicada en El Nacional un día después de la firma del pacto, Medina confesó que eran funcionarios norteamericanos los que ponían las condiciones para la salida de Chávez.

“Voceros estadounidenses quieren condicionar a algunas circunstancias la salida del Jefe de Estado pero en mi caso, no necesito pedirle permiso a Estados Unidos para trabajar por la salida del presidente”, dijo Medina.

Desconocer la Constitución
La oposición no sólo pedía la salida de Chávez. Paralelamente, hubo constantes llamados a desconocer la Constitución de 1999, que había sido aprobada por 80% de los venezolanos a través de un referéndum.

En entrevista para El Nacional, el secretario de Coordinación de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, Fortunato González Cruz, explicaba la propuesta del MAS, partido que pedía convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “que renueve la élite política y cambie las bases del modelo democrático porque la Constitución de 1999 resultó absolutamente falaz y no sirve para la convivencia ciudadana”.

Para González Cruz, si el primer mandatario no renunciaba la otra “opción” que tenía la oposición para salir de Chávez era recolectar firmas para convocar a una Constituyente.

“En la ANC se concentran todos los poderes, es decir, que perfectamente se puede revocar el mandato del Presidente de la República y eso sería lo primero que tendría que hacer, por ser el obstáculo fundamental para reconstruir la democracia (...) Chávez es el primer obstáculo”.

En definitiva, la oposición en pleno coincidía en que la “gobernabilidad” tan cacareada del acuerdo, sólo era posible si Chávez no estaba en el poder.

Un nuevo pacto
Entre pactos de cúpulas -como los del 5 de marzo- llamaron a desconocer la Carta Magna y a irrespetar las instituciones democráticas, la oposición labró la senda que llevaría a la disolución de los poderes del Estado y la instauración de la dictadura de Carmona el 11 de abril de 2002, tras el secuestro del Presidente Constitucional.

Aunque el golpe opositor fue breve gracias a la fuerza popular que devolvió a Chávez a la presidencia, su motivación y dirigencia siguen siendo las mismas. Los políticos que en 2002 abogaron por desconocer la Constitución de 1999, son los que mismos que este año prometen defenderla y piden el voto que los lleve a ocupar una curul en la Asamblea Nacional el próximo 26 de septiembre.

Aquellos que se aliaron sólo con los empresarios y la clase media, pregonan que trabajaran por el bienestar social de los más pobres, ofrecimientos que esgrimen desde las mismas tribunas mediáticas que callaron y apoyaron el golpe de Estado.

Sin embargo, ocho años más tarde, con Ortega y Carmona como prófugos de la justicia, la oposición tiene fe en nuevo pacto de cúpulas políticas. La reedición de la Coordinadora Democrática de abril, hoy se llama Mesa de la Unidad Democrática.