Palacio de Miraflores, Caracas.- Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, proceso político que erradicó el modelo entreguista y neoliberal de la IV república, el gobierno de Estados Unidos (EEUU) ha pretendido generar condiciones para instaurar una administración que responda a sus intereses hegemónicos.
Entre 2002 y 2003, Washington planificó el golpe de Estado contra el Comandante Hugo Chávez y consintió el sabotaje petrolero en una maniobra que perseguía derrocar al Gobierno Nacional y, al mismo tiempo, estrangular socioeconómicamente al país.
El poder económico se utilizó como un instrumento de desestabilización política. El empresariado privado provocó escasez, especulación y acaparamiento con la intención de deslegitimar el modelo socialista. No resultó y la Revolución Bolivariana se convirtió en referencia regional, contando con el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales.
Doce años después, en 2015, la administración estadounidense sentó un precedente en su estrategia para justificar una intervención a través de un bloqueo económico que perseguía aislar a la nación del escenario mundial.
El expresidente Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva N° 13.692 que declara a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad norteamericana a causa de la “situación política” y la “erosión de las garantías de los derechos humanos”.
Obama renovó la resolución en 2016 y 2017, acción que desencadenó la imposición de sanciones a 32 funcionarios en un período de nueve meses, entre ellos el presidente de la República, Nicolás Maduro.
A causa de las restricciones financieras, Venezuela acumula pérdidas monetarias superiores a los 30.000 millones de dólares.
La administración de Donald Trump prorrogó el documento en dos ocasiones más al considerar que en Venezuela existe “persecución de opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos”.
Paradójicamente, el gobierno norteamericano concibió en el último año un magnicidio contra el Jefe de Estado; avaló la usurpación de poderes personificada en la autoproclamación del diputado en desacato de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, así como la entrada forzosa e ilegal de supuesta “ayuda humanitaria” a través de la frontera colombo-venezolana, ataques contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y un golpe de Estado.
Cada una de estas maniobras pretendían generar un clima de anarquía que facilitara la intervención militar y, en lo sucesivo, el despojo de las riquezas venezolanas.
Bloqueo total
En una acción arbitraria que, de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro denota “desesperación”, la administración de Donald Trump aprobó una Orden Ejecutiva que congela la totalidad de los activos del Gobierno Nacional en EEUU, oficializando así la agresión económica, financiera y comercial.
“Todos los bienes e intereses que se encuentren en Estados Unidos o que se encuentren o se puedan encontrar en el futuro en posesión o control de cualquier persona en Estados Unidos, están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera”, reza el documento refrendado el pasado 5 de agosto.
La medida unilateral aplica a cualquier subdivisión política, agencia o estructura del Estado y Gobierno de Venezuela, entre ellos el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Admite sanciones para empresas que mantengan una relación directa o indirecta con el Gobierno Nacional, razón por la cual cualquier entidad que brinde asistencia financiera, material o tecnológica corre el riesgo de ser penada.
Bajo este escenario, proveedores extranjeros de bienes y servicios podrían abstenerse de operar comercialmente con empresas nacionales por temor a ser sancionados, situación que afectaría significativamente al sector privado.
Secuelas tempranas
La empresa norteamericana Sedo, dedicada a la gestión de dominios de internet, suspendió las cuentas de clientes venezolanos a raíz de las amenazas a las transacciones económicas con Venezuela.
Una notificación electrónica señala el cese de la cuenta con “efecto inmediato” porque “el sistema financiero estadounidense lo considera un país de alto riesgo”.
Por otro lado, la petrolera estadounidense Chevron, que cuenta con una licencia para operar hasta el mes de octubre en territorio nacional, advirtió sobre las pérdidas millonarias que generarán las sanciones.
“Los eventos futuros relacionados con las actividades de la compañía en Venezuela, pueden tener un impacto significativo en los resultados de operación de la compañía en períodos próximos”, apuntó la directiva de Chevron en su última presentación 10-Q ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU.
¿Hay excepciones?
La Orden Ejecutiva contempla 20 licencias de excepción que consentirían transacciones relacionadas con la adquisición de comida, ropa y medicinas destinadas a “aliviar el sufrimiento humano”.
La licencia general 4C admite transacciones para exportar o reexportar hacia Venezuela productos agrícolas, medicinas, dispositivos médicos, repuestos, componentes y software para equipos.
En la práctica no aplica. El pasado miércoles, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció la retención de una embarcación con 25 mil toneladas de torta de soya en el Canal de Panamá.
“El dueño del barco que trae vital provisión para alimentos fue informado por la empresa aseguradora que estaba impedido de traer esa carga a Venezuela atendiendo las ilícitas sanciones”, explicó Rodríguez en su cuenta de Twitter.
Además, el Estado venezolano está impedido de realizar los pagos correspondientes por las restricciones de acceso al sistema financiero internacional.
“Es hipócrita decir que la Orden Ejecutiva de Estados Unidos protege las compras y procuras de medicamentos y alimentos para Venezuela, eso es falso”, sentenció el canciller de la República, Jorge Arreaza.
Las importaciones de bienes y servicios se verán disminuidas a pesar de las “excepciones”, dado que las empresas extranjeras optarían por interrumpir su relación con el Gobierno para evitar recibir sanciones de Washington.
Amenazas a terceros
En total desconocimiento del Derecho Internacional, EEUU amenazó con imponer sanciones a personas extranjeras y/o naciones soberanas que respalden al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro.
Y es que la extorsión parece ser la estrategia predilecta del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, quien instó a “proceder con extremo cuidado” a las terceras partes que deseen negociar con Venezuela.
“No hay necesidad de arriesgar sus intereses de negocios con EEUU beneficiando a un régimen moribundo. Reiteramos a Rusia –y especialmente a quienes controlan sus finanzas- a que no hagan una mala apuesta dos veces”, advirtió en la denominada Conferencia Internacional por la Democracia, celebrada la semana pasada en Lima, ubicada en Perú.
Ante tal declaración, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, señaló que las medidas de extorsión son utilizadas como “castigo” por las relaciones legales que países, personas o entidades mantienen con la nación suramericana.
“Trump, como un tirano mundial, arremete contra los inocentes que cumplen con el Derecho Internacional”, sentenció Moncada.
Las nuevas medidas, que además restringen la entrada de las personas sancionadas a EEUU, es la primera en aplicarse a un país del hemisferio occidental en los últimos 30 años. El propósito no es otro que imponer un nuevo esquema de dominación frente a la resistencia de naciones que defienden su autodeterminación.
Prensa Presidencial / Karelis González
